La Corte Suprema de Justicia (CSJ), llamada a ser garante de la Constitución y de los derechos fundamentales de los panameños, enfrenta duras críticas por lo que algunos consideran un viraje hacia intereses económicos propios.
Así lo planteó Magaly Castillo, expresidente de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, al señalar que la reciente aprobación de aumentos salariales desproporcionados y de una jubilación especial para los magistrados resulta escandalosa en un país donde miles de jubilados sobreviven con pensiones mínimas.
Como se recordará, la semana pasada apareció en la Gaceta Oficial un acuerdo de la Corte Suprema de Justicia que permite la creación de un fondo de compensación por retiro para que sus magistrados puedan jubilarse con el 100% de su último salario, lo que ha generado una serie de reacciones.
Hace una semana la noticia que la planilla del Estado iba por $6mil 700 millones y que el país recauda en impuestos $5mil 600 millones. Ahora la noticia es que tendremos otros privilegiados con jubilaciones súper especiales.
— Magaly Castillo (@magcastill) August 9, 2025
¿Será que nos salvará la Constituyente originaria? https://t.co/5yb0yz6bdC
Recursos públicos
Castillo subrayó que este tipo de decisiones no solo son éticamente cuestionables, sino que revelan una preocupante insensibilidad ante la realidad social del país. “El presupuesto del Órgano Judicial proviene de fondos públicos; no se trata únicamente de un uso inadecuado de los recursos del Estado, sino de una afectación directa a la legitimidad de la Corte Suprema”, advirtió.
La activista también alertó sobre el daño a la confianza ciudadana, recordando que la credibilidad institucional es un recurso difícil de recuperar. “La pérdida de confianza es alarmante, especialmente en el contexto que vive Panamá, marcado por la desconfianza en las instituciones y la percepción de impunidad”, señaló.
Para Castillo, la solución pasa por un acto de autocrítica por parte de los propios magistrados. “Es urgente que recapaciten y deroguen este acuerdo, por el bien de la imagen de la Corte”, sostuvo, insistiendo en que la justicia no puede permitirse el lujo de aparecer desconectada de la realidad que viven los ciudadanos a quienes debe servir.
Castas privilegiadas
Por su parte, la exmagistrada Esmeralda de Troitiño advirtió que la reciente aprobación de jubilaciones especiales se da en un contexto “muy complejo”, marcado por la crisis financiera de la Caja de Seguro Social (CSS) y por el rechazo ciudadano a leyes que amplían privilegios para altos funcionarios.
Mientras tanto, Olga de Obaldía, directora de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, advirtió que la creación de “castas” privilegiadas dentro del Estado, ahora replicada por la Corte Suprema de Justicia, constituye una amenaza directa para la estabilidad democrática.
🎯100%
— Olga de Obaldía (@Okideobaldia) August 10, 2025
Las castas que han creado los políticos que viven del Estado y AHORA la CSJ, en un país con la desigualdad que vive Panamá, pone en riesgo la democracia, fomenta polarización, socava la legitimidad del sistema, crea inestabilidad social y abre la puerta al autoritarismo... https://t.co/QsiwupsO98
En un país marcado por profundas desigualdades, afirmó, este tipo de prácticas fomenta la polarización, erosiona la legitimidad del sistema, genera inestabilidad social y abre la puerta al autoritarismo.
Efecto cascada
La aprobación de una jubilación especial para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia amenaza con generar un “efecto cascada”. Entre los potenciales beneficiarios figurarían los magistrados del Tribunal Electoral, el procurador general de la Nación, el procurador de la Administración y los magistrados del Tribunal de Cuentas, todos amparados por normas que les otorgan remuneraciones y prerrogativas equivalentes a las de la Corte.
De acuerdo con el polémico Acuerdo No. 407, aprobado el 18 de julio de 2024, todo juez o magistrado que alcance la edad de jubilación tendrá derecho a recibir una compensación económica equivalente a la totalidad o a un porcentaje de su último salario, según su nivel de responsabilidad.
El mecanismo establece que la Caja de Seguro Social cubrirá el monto que le corresponda según la ley, mientras que la Corte Suprema de Justicia asumirá la diferencia. Incluso, la norma abre la puerta a que magistrados cuyo periodo haya vencido o que se retiren antes de cumplir la edad de jubilación establecida por la CSS puedan reclamar este beneficio como un “derecho adquirido”, ampliando así el alcance de estas prerrogativas más allá de lo previsto en el régimen general.
