En medio de la sustentación del presupuesto del Tribunal de Cuentas para 2027 surgió un tema controversial: la asignación de vehículos a funcionarios para “uso personal” los siete días de la semana, con combustible incluido.
Durante la sesión de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, los magistrados del Tribunal de Cuentas informaron que entre sus planes de inversión para el próximo año está la renovación de la flota vehicular.
Rainier Del Rosario, magistrado presidente de esa institución, explicó que se contempla la adquisición de cuatro vehículos, preferiblemente pick-ups, para la entrega de notificaciones en todo el país. Para esta compra se ha asignado un presupuesto de poco más de $90 mil.
“La flota de carros es bastante escasa”, indicó el magistrado.
Fue entonces cuando la diputada Yamireliz Chong, de la coalición Vamos, preguntó cuántos vehículos tiene actualmente el Tribunal de Cuentas.
Son 13 en total, incluido un autobús, respondió Del Rosario. De estos, seis camionetas Prado están asignadas a los despachos de los tres magistrados que integran el Tribunal, mientras que el resto está destinado a las demás oficinas de la institución.
De los seis vehículos asignados a los despachos, cada magistrado tiene uno para “uso personal”.
“¿Son para uso personal de lunes a lunes, fin de semana?”, preguntó nuevamente la diputada Chong.
“Sí”, respondió el magistrado, quien justificó que se trata de un vehículo que se asigna “al igual que un ministro”.
Chong sugirió entonces que los tres vehículos destinados al “uso personal” de los magistrados podrían ponerse a disposición de la institución para apoyar también en la entrega de notificaciones y otros trámites estrictamente oficiales.
La diputada también preguntó si utilizan la asignación 100 galones de gasolina, si han hecho uso de la importación de vehículos exonerados de impuestos y cuánto es el salarió que devengan.
Del Rosario recordó que, al igual que el resto de los magistrados ―Corte Suprema de Justicia y Tribunal Electoral― devengan $14 mil (10 mil en salario y 4 mil en gasto de representación). Indicó que él no ha hecho el uso de la exoneración, mientras que el resto de sus colegas sí.
Para 2027, el Tribunal de Cuentas había solicitado un presupuesto de $8.1 millones. Sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recomendó una asignación de $6.7 millones.
El Tribunal de Cuentas, una entidad de carácter jurisdiccional, se encarga de juzgar la responsabilidad patrimonial de empleados y agentes de manejo de fondos públicos cuando, tras una auditoría de la Contraloría General de la República, se determina una posible lesión patrimonial.
