Los vicepresidentes y subsecretarios de los partidos políticos quedarían fuera de la protección del fuero penal electoral, de aprobarse la propuesta de reforma al Código Electoral que esta semana iniciaría su discusión en primer debate en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, presidida por el diputado perredista Benicio Robinson.
La exclusión de estos cargos impactaría directamente a las cúpulas de las organizaciones políticas.
Por ejemplo, en el Partido Revolucionario Democrático (PRD) quedarían sin esta protección legal dos vicepresidentes —el exalcalde capitalino José Luis Fábrega y Jesenka Espinosa—, así como seis subsecretarios, entre ellos los diputados Raúl Pineda, Raphael Buchanan y Arquesio Arias, además del exrepresentante de San Francisco Carlos Pérez Herrera, quien enfrenta un proceso por la presunta comisión del delito de peculado.
Actualmente, el presidente del PRD es precisamente el diputado Benicio Robinson y la secretaria general es Balbina Herrera, exministra y excandidata presidencial.
En el partido Realizando Metas (RM) quedarían excluidos cinco vicepresidentes, entre ellos Jaime Ford, uno de los imputados en el caso Odebrecht, y Lourdes Castillo, exdirectiva de la Autoridad del Canal de Panamá.
Además, no tendrían fuero penal electoral siete subsecretarios de RM, entre ellos la exministra Alma Cortés, quien fue investigada por la presunta comisión del delito de peculado, y Alejandro Pérez.
El presidente de RM es Ricardo Martinelli, actualmente asilado en Colombia para evadir la condena por blanqueo de capitales de más de 10 años de prisión en el caso New Business, mientras que el secretario general es el diputado Luis Eduardo Camacho.
En el Partido Popular (PP) dejarían de tener fuero seis vicepresidentes y tres subsecretarios.
En el Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena) quedarían fuera de esta protección seis vicepresidentes, entre ellos la representante de corregimiento Sheyla Grajales y la exvicealcaldesa Judy Meana, además de tres subsecretarios.
En el Partido Panameñista, la medida alcanzaría a tres vicepresidentes y tres subsecretarios. En Cambio Democrático (CD), quedarían excluidos dos vicepresidentes y tres subsecretarios. En el Frente Amplio por la Democracia (FAD) no estarían con este beneficio tres vicepresidentes, entre ellos el dirigente sindical Saúl Méndez, considerado prófugo internacional; así como seis subsecretarios.
Propuesta y oposición
La iniciativa para modificar el artículo 305 del Código Electoral y reducir el número de personas beneficiadas con el fuero penal electoral fue presentada por el Tribunal Electoral (TE) ante la mesa de la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) en septiembre de 2025.
La propuesta encontró oposición desde el inicio. Alma Cortés fue una de las voces que se manifestó con mayor firmeza en contra de limitar el fuero durante la discusión de la iniciativa en la CNRE.
“Con la exclusión se está violando un derecho fundamental”, cuestionó Cortés, quien también señaló que otros cargos dentro de los partidos, como los directores, sí conservarían el beneficio.
“Hay partidos que tienen hasta 27 directivas. Pienso que excluirlos (a vicepresidentes y subsecretarios) es un retraso. No estoy de acuerdo”, dijo en su momento.
Otro de los opositores fue Ricardo Torres, cuarto subsecretario del PRD. Aunque admitió que en muchas ocasiones “hay cuatro sinvergüenzas que buscan protegerse con el fuero”, sostuvo que el partido no está de acuerdo con la iniciativa.
Otros, sin embargo, vieron con buenos ojos la propuesta. Uno de ellos fue Jorge Bloise, diputado de la bancada Vamos. Explicó que, si bien el bloque de independientes buscaba eliminar por completo el fuero, reducir el número de personas beneficiadas era mejor que nada.
“Vemos con buenos ojos estos pequeños pasos”, indicó.
La propuesta del TE fue aprobada por un estrecho margen en la CNRE. Recibió siete votos en contra, correspondientes al PRD, Realizando Metas, Molirena, Partido Panameñista, Cambio Democrático, Partido Popular y Partido Alianza, y siete votos a favor, de Movimiento Otro Camino, Fiscalía General Electoral, Libre Postulación, Academia, ONG, empresa privada y trabajadores.
El voto de desempate lo emitió el magistrado Narciso Arellano, con lo que la propuesta quedó aprobada con ocho votos a favor y siete en contra.
Depuración del fuero
El pasado lunes 31 de agosto, cuando el TE presentó el paquete de reformas ante el pleno legislativo, el magistrado Arellano destacó el cambio relacionado con el fuero penal electoral.
Recordó que esta figura legal constituye una garantía vinculada con la protección del ejercicio de las funciones y derechos políticos, “pero dicha garantía debe mantener un alcance estrictamente relacionado con su finalidad”.
En consecuencia, sostuvo que el proyecto depura el catálogo de personas beneficiarias del fuero, incluyendo también a delegados electorales y enlaces.
“La modificación procura evitar que una garantía de naturaleza excepcional se transforme en un mecanismo de inmunidad procesal excesivamente amplio”, dijo.
En el pasado, varios políticos que han gozado de fuero penal electoral han enfrentado procesos judiciales.
Por ejemplo, Luis Oliva, exdirector de la Autoridad para la Innovación Gubernamental (AIG) y excandidato a diputado, imputado por la presunta comisión del delito de enriquecimiento injustificado, decidió renunciar a esta figura legal. También tenía fuero Bernardo “Nando” Meneses, exdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) y candidato a diputado por el PRD, quien ha sido investigado en varios casos, entre ellos el relacionado con los auxilios económicos.
A la exdiputada y excandidata presidencial Zulay Rodríguez, el TE ordenó en su momento levantarle el fuero por el proceso en su contra relacionado con la presunta apropiación de unas láminas de oro, propiedad del mexicano José Luis Penagos.
El expresidente Martinelli también gozó de fuero en medio de sus procesos judiciales, entre ellos el caso Odebrecht.
La figura del fuero penal electoral nació en 1983, con el Código Electoral de ese año, establecido mediante la Ley 11 del 10 de agosto de 1983.
Su vigencia se activa cuando un partido político realiza elecciones internas, primarias o participa en elecciones generales.
