El 2024 cerró con 23 feminicidios y 1 transfeminicidio. Se trata de nueve crímenes más que en 2023, cuando se cometieron 15, un aumento de 60%, lo que enciende las alarmas sobre el incremento de la violencia de género en el país y la urgencia de adoptar medidas más efectivas para prevenir estos actos.
Lo revela el Observatorio de Feminicidios, una iniciativa ciudadana que nació en 2020 con el propósito de poner la mirada en la violencia contra las mujeres. El documento, dado a conocer recientemente, también destaca que Panamá es la provincia con más casos (ocho), que dos de las víctimas eran menores de edad, que las armas de fuego y armas blancas fueron las más utilizadas, y que el 48% de los crímenes fueron cometidos por la pareja.
Solo dos condenas
Apenas dos personas han sido condenadas por estos hechos, mientras que 15 sospechosos permanecen detenidos. Sobre un caso no hay datos, y en otros cinco no se han reportado detenciones. “Los dos casos con sentencia fueron resueltos mediante acuerdos de pena, después de que los feminicidas se entregaran a las autoridades. Una sentencia fue de 35 años y la otra de 20 años”, se lee en la investigación.
El llamado del Presidente
El 22 de diciembre pasado, el presidente José Raúl Mulino se pronunció sobre el tema. “Veo con consternación este problema que se suscita. Estamos impulsando políticas para evitar que estas cosas se den. No se trata de un fenómeno general; son fenómenos muy particularizados”, respondió en un momento crítico.
Por esos días ocurrió el crimen de Claudia Timpson, de 22 años, asesinada por Ronaldo Machado, su exnovio. El hecho impactó a la ciudadanía y a las autoridades.
En Panamá, el feminicidio está tipificado en el Código Penal. Se define como el acto de causar la muerte a una mujer por su pertenencia al sexo femenino, debido a discriminación o cualquier otra forma de violencia. Mientras que la Ley 82 detalla las 10 circunstancias bajo las cuales causar la muerte a una mujer se tipifica como feminicidio. Las condenas por este delito oscilan entre 25 y 30 años de cárcel.
