Durante el segundo día de las vistas presupuestarias que lleva a cabo la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) sustentó su presupuesto para la vigencia fiscal de 2027, que asciende a $15.8 millones.
Andrés Pagés Chanis, administrador general de la Anati, explicó que la entidad había solicitado $23.7 millones, incluyendo recursos para atender el pago de la prima de antigüedad de exfuncionarios.
Pagés Chanis advirtió que la falta de recursos para este y otros rubros mantiene importantes brechas en el presupuesto de la institución, que actualmente cuenta con 720 funcionarios.
El administrador detalló que para 2027 la Anati busca fortalecer los procesos de regularización y titulación de tierras, modernizar el sistema catastral y ampliar la cobertura del catastro nacional.
Entre las metas planteadas está aumentar de 6,000 a 10,000 los títulos de propiedad entregados, elevar de 45,000 a 70,000 las hectáreas catastradas y ampliar la cobertura del catastro nacional del 35% al 48%.
La entidad también prevé incrementar de 15,000 a 50,000 los expedientes procesados y aumentar de 18 a 28 las estaciones geodésicas activas.
Pagés Chanis explicó que el presupuesto recomendado para 2027 contempla alrededor de 13.7 millones para funcionamiento y $2.1 millones para inversión, mientras que la institución considera necesario un refuerzo para atender necesidades de personal, servicios básicos y proyectos de modernización.

Uno de los principales reclamos de la Anati es la ausencia de una partida para pagar la prima de antigüedad de los servidores públicos cesantes.
Durante la sustentación, el diputado de Vamos, Luis Duke abordó al director de Administración y Finanzas de la entidad, Pablo García, sobre este punto.
“Vemos que todo lo que tiene que ver con temas de indemnizaciones laborales e indemnizaciones especiales está en cero. Ustedes solicitado un monto . ¿Qué incluye esos temas de indemnizaciones laborales?”, preguntó Duke.
García respondió que dentro de esa solicitud se contempla el pago pendiente de la prima de antigüedad de exfuncionarios, además de compromisos correspondientes a vigencias expiradas con proveedores que aún no han recibido sus pagos.
Ante una nueva pregunta de Duke sobre el monto específico de la deuda por prima de antigüedad, García precisó que asciende a aproximadamente $1.8 millones, pero que solo había solicitado $1.6 millones.
El diputado también preguntó cuánto había sido recomendado para este concepto. La respuesta fue que la partida aparece en cero.
García explicó que, ante la falta de una asignación presupuestaria, la institución tendría que recurrir a traslados de partidas para poder cumplir con estas obligaciones.

Duke insistió en la importancia de que el Estado reconozca y atienda esta deuda con los exfuncionarios.
“Es importante que se le reconozca a los funcionarios. Se debe incluir e ir pagando esa deuda, de personas que han sacrificado su vida. Hay personas que fallecen y nunca le pagan esa prima; para mí es importante”, manifestó.
Brechas presupuestarias
Durante la sustentación, la Anati también expuso otras necesidades presupuestarias. Entre ellas mencionó un déficit de aproximadamente $300,000 para energía eléctrica, debido a que la necesidad real de la institución ronda los $400,000 y la asignación recomendada es de $100,000.
También señaló una brecha relacionada con alquileres, por aproximadamente $2.6 millones, así como obligaciones derivadas de indemnizaciones judiciales y contratos de transmisión de datos y comunicación para las sedes regionales.
Pagés Chanis destacó que los ingresos de autogestión de la Anati han permitido cubrir parte de los costos operativos que no son atendidos con el presupuesto asignado.
La institución también busca avanzar con el proyecto de catastro multifinalitario, que contempla la digitalización de la información catastral y la integración de datos para mejorar la seguridad jurídica sobre la propiedad de la tierra.
El proyecto prioriza los distritos de Penonomé, La Pintada, Antón, Natá y Olá, y forma parte de un programa más amplio para modernizar el sistema catastral panameño.
Pagés Chanis recordó que la Anati cuenta además con un préstamo aprobado por $60 millones con el Banco Mundial, cuyos recursos permitirán financiar parte de esta modernización.


