El debate sobre el derecho de las familias, especialmente de los jóvenes, a una vivienda digna llevó a una subcomisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional a analizar el proyecto de ley No. 252, que propone incentivos para la compra de viviendas usadas.
Presidida por el diputado Luis Duke, la sesión destacó el valor de estas propiedades, muchas veces olvidadas, que podrían ofrecer hogares accesibles dentro de la ciudad y dinamizar el mercado inmobiliario.
La diputada de Vamos, Yamireliz Chong presentó la iniciativa de ley que busca crear incentivos económicos para facilitar la adquisición de viviendas usadas o de segunda mano. La propuesta plantea cambios al régimen de interés preferencial que, desde 1985, se aplica únicamente a proyectos de construcción nuevos.
El planteamiento surge en un contexto en el que las familias jóvenes se enfrentan a una paradoja: las viviendas nuevas resultan cada vez más costosas y se concentran en las periferias de la capital, mientras que en el centro abundan propiedades vacías con letreros de “Se vende” que no califican para beneficios estatales.
La iniciativa, presentada por la diputada Yamireliz Chong, propone incentivos para la compra de viviendas usadas e incluye un impuesto del 3 % sobre transferencias onerosas de bienes inmuebles, como compraventa, permuta o dación en pago. pic.twitter.com/jaihDhl9VU
— Asamblea Nacional (@asambleapa) September 29, 2025
La iniciativa subraya que este desequilibrio representa un escenario desfavorable para ambas partes: los propietarios que desean vender no encuentran compradores, y quienes buscan adquirir su primera vivienda deben resignarse a alquileres elevados o mudanzas a comunidades alejadas sin la infraestructura adecuada.
Régimen vigente
El régimen vigente de interés preferencial, introducido en 1985, permitió que miles de familias accedieran a su casa propia durante las últimas cuatro décadas. Sin embargo, la ley limitó el beneficio a las viviendas nuevas, con el objetivo de incentivar la industria de la construcción y promover el desarrollo de proyectos habitacionales.
Ese modelo generó consecuencias imprevistas. El crecimiento urbano se extendió hacia zonas periféricas de forma acelerada, creando urbanizaciones de baja densidad que el Estado no ha podido acompañar con servicios básicos. En varias comunidades persisten problemas de agua, transporte público ineficiente y carencia de espacios públicos.
El anteproyecto de Chong busca modificar esa tendencia al incluir las viviendas usadas dentro de los incentivos. La propuesta contempla que los préstamos hipotecarios no superen los 300 mil balboas, tengan un interés preferencial de 2 % por debajo de la tasa de referencia y un plazo máximo de diez años.
Los beneficiarios deberán ser panameños o extranjeros con residencia permanente, y el subsidio solo podrá solicitarse una vez. Quedarán excluidos quienes ya hayan recibido beneficios por el régimen de viviendas nuevas.
En materia tributaria, el documento plantea exceptuar del pago del impuesto de bien inmueble a las viviendas usadas valoradas en menos de 300 mil balboas. También introduce un impuesto del 3 % sobre la transferencia de bienes inmuebles dentro de ese rango de precios, además de ajustes en el Código Fiscal que actualizan la tarifa progresiva para propiedades de mayor valor.
Dinámica regional
El contexto internacional respalda la propuesta. Países como Chile, Uruguay, México y Canadá ya aplican incentivos a viviendas usadas, bajo la lógica de que revitalizar comunidades existentes fomenta un crecimiento urbano más sostenible y eficiente, además de dinamizar el mercado inmobiliario secundario.
La diputada Chong enfatizó en su exposición de motivos que las viviendas de segunda mano representan una alternativa viable y estratégica: suelen ser más accesibles, están ubicadas en barrios con infraestructura consolidada y ofrecen a las familias la posibilidad de invertir en una propiedad que, de otro modo, quedaría fuera de su alcance.
El proyecto fue prohijado por la Comisión de Economía y Finanzas y ahora está siendo analizado por una subcomisión, para luego ser discutido en primer debate.
El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) ha estimado que el déficit habitacional en el país asciende a 140,000 unidades, cifra que se mantiene constante debido a que la construcción anual de viviendas no cubre el crecimiento poblacional y la demanda existente.
Este déficit no solo se refiere a la falta de viviendas, sino también a la calidad y condiciones de las viviendas existentes, incluyendo aspectos como hacinamiento, falta de acceso a servicios básicos y viviendas en mal estado.
