Nadie apoya que Minera Panamá pague una bicoca, pero, ¿se debió respetar el 2% porque esas eran las reglas del juego? ¿O no?
No, porque nunca se estudió la rentabilidad para el país cuando se estableció esa regalía. Veinte años después, esa cifra no podía mantenerse. Además, el punto de partida no es ese, sino la actividad misma. Ni 2% ni ningún porcentaje es rentable.
El BID y el Banco Mundial dicen que la minería es clave para el desarrollo...
Pero el BID aclaró en su estudio de 2020 que Panamá no tiene la capacidad técnica, financiera ni ambiental para manejar la industria ambiental.
La minera alega que esto debilita la seguridad jurídica. Su respuesta.
¿Y quién defiende la seguridad jurídica, no de la empresa sino del país?
Si el fallo de inconstitucionalidad es contra la ley, no contra el contrato, ¿la mina opera con o sin contrato?
El contrato está contenido por la ley. Lo accesorio corre la suerte de lo principal.
Juristas se contradicen en cuanto al efecto retroactivo o no de los fallos de inconstitucionalidad. De no serlo, el contrato estaría vigente. ¿O no?
No. Eso es un mareo, porque la ley que abriga el contrato no existe. Ya nos usaron por 20 años. Hoy no hay contrato.
Si el contrato es válido, como afirma la minera, ¿por qué accedieron a negociar un nuevo contrato?
Porque saben que no tienen contrato.
En enero de 2022, la mina aceptó la oferta del gobierno y acordó las condiciones. ¿Qué pasó si, según Cortizo, solo faltaban detalles?
Empoderaron a la mina, dándole más derechos que lo que les da la ley. Cortizo debió cumplir los ultimátum que dio. Pero siguen creyendo que la mina va a actuar de buena fe. ¡Ay, por favor!
Si Pérez Balladares firmó el contrato en 1997, ¿por qué ahora lo cuestiona?
Todo el mundo tiene derecho a darse cuenta de sus errores. No debió firmar.
Él dice que en 1997 no se sabía si había cobre. ¿Y el estudio del PNUD que arrojó en 1970 el primer mapa de yacimientos de minerales metálicos?
Sí se sabía. Esa es su excusa para justificar una cifra injustificable. Más todo lo que cedió: agua, tierra, exoneraciones… todo. Además, hizo el contrato sin convocar las consultas ni la licitación internacional que establecía el marco minero.
La responsabilidad de Mireya es...
No revisó el contrato. Y Martín permitió la entrada de Inmet y le aprobó el estudio de impacto ambiental a Petaquilla.
¿De Martinelli?
Modificó el Código Minero, permitiendo la entrada de Estados extranjeros. Y lo conectó con explotar cerro Colorado y eliminar el plan de cierre de las minas. Y en campaña dijo que no creía en la minería. Una estrategia para tumbar el precio de las acciones y luego impulsarlo.
Y Varela, ¿por qué es responsable?
Renovó el contrato sin cambiarle una coma. Sin consulta, estudios ambientales, auditoría ni debates. Y con la demanda de Ciam por fallarse.
Usted era la directora de Ciam y First Quantum sabía de esa acción. ¿Por qué siguieron invirtiendo?
Porque jamás pensaron que la justicia de Panamá actuaría en su contra. El contrato es inconstitucional porque no siguió los procesos de adjudicación y es lesivo a los intereses del Estado.
Esa demanda se falló unánimemente, pero tres presidentes de la Corte no lo publicaron en Gaceta Oficial...
A eso apostaba la mina. Y la decisión del fallo se repitió en 2021, reiterando, otra vez unánimemente, el primer fallo. Y nadie salió a defender la ley, sino el negocio.
El tema sigue importando poco...
La experiencia es tan nueva, que pocos saben el alcance de sus consecuencias. Fuera de que nos importa más la plata fácil y los cacareados 40 mil empleos que un desarrollo próspero y coherente.
La mina alega que pagaría más de $500 millones al país entre regalías, el fin de las vacaciones fiscales y la cuota obrero patronal. ¿Eso sería justo?
Ellos meten en un saco sus compromisos fiscales y laborales con nuestras regalías. Una cosa son sus compromisos y otra lo que como dueños nos merecemos. Deben pagar por el agua, los bosques, los daños, impuestos, regalías y todo lo que estamos perdiendo y no recuperaremos... Y así no les sale el negocio, que hoy les genera el 50% de sus ganancias globales.
¿Qué propone hacer con esta mina?
Crear una transición donde la fuerza laboral trabaje en un plan de cierre, al tiempo que es capacitada para proyectos de recuperación de cuenca, manejo agroforestal, turismo, manejo logístico de puertos y emprendimientos sostenibles. La mina se tiene que ir y debemos sustituir el negocio con otros negocios.
¿Eso sería como nacionalizar la mina?
No. Sería abrir la puerta a otras inversiones con concesiones, alianzas público privados, inversión extranjera y local…
¿Eso cubriría el 7% del PIB que aporta esta industria?
Lo diversificaría. Que una sola industria aporte tanto no es sostenible ni sano.
¿Qué haría con las otras solicitudes de minas? ¿Rechazarlas o revisarlas?
Rechazarlas. El Pacto del Bicentenario es mandatorio. Los panameños no queremos minería y Nito dijo que aquí mandaba Nito y él haría respetar lo acordado.
¿Ve problema en que quien negocia por la mina sea primo del ministro consejero José Alejandro Rojas?
Tres banderas rojas.
Las firmas que negocian por la mina, ¿son antipatrióticas o cliente es cliente?
La línea es muy fina entre servicio al cliente y respeto a los intereses de la patria. Y ellos le están faltando a la segunda.
¿Y el gobierno tiene en Ebrahim Asvat su mejor ficha?
Al menos habla mejor que el ministro de Comercio y ha salido a dar la cara.
La minera alega que en ningún país se pagan mínimos, por lo que si los hay, debe haber un tope para ahorrar para la época de vacas flacas. Su opinión.
Ellos siempre van a ganar más que el mínimo. ¿No dicen que todo el futuro depende del cobre? Y si ganan más que el tope, ¿por qué Panamá no tendría derecho a eso si los recursos son nuestros?
‘El gobierno no se puede llevar todo el beneficio de la oportunidad cuando no comparte el riesgo’, ha dicho el vocero negociador de la mina…
¿Y el recurso, que ponemos nosotros y no recuperamos? El mineral, el agua, el suelo, el bosque, salud... y no se recupera.
La mina alega que ha tenido 209 hallazgos en materia ambiental en 11 años, pero que eso solo representa el 1% de sus compromisos. ¿Válido?
Mentira. No lo reconoce. Siempre niega los informes. Y los daños que son evidentes continúan ahí. Lástima que no puedo incluir en mi respuesta fotos y videos, para poder decirle que qué es eso si no son daños mayúsculos.
Cuando sacan cobre también extraen molibdeno, oro y plata. ¿Tiene el Mici la capacidad para fiscalizar que realmente reportan lo que extraen?
No. ¿Cuánto pagan por eso? ¿Dónde están los reportes de pago?
¿Cómo se maneja el conflicto de intereses de funcionarios mineros del Mici que saltan a las mineras? ¿O si ya no están en gobierno no hay conflicto?
Claro que lo hay y esa es la raíz del problema que tenemos hoy. Todas las decisiones mineras se han dado entre personas que se reciclan en el sistema.
Anati no ha autorizado a la mina usar 7 mil hectáreas fuera de la concesión. Ellos igual se las tomaron alegando que lo permitía el contrato. ¿Es así?
Sí, pero por eso fue declarado inconstitucional el contrato. Por los excesos de gratuidad de los bienes del Estado. Y el negociador dijo que lo pidieron para tener el papel. Ahí ves el irrespeto al país.
La empresa ha pagado lo que dice el contrato. Entonces, ¿el problema ha sido la empresa o el contrato?
Es el contrato hecho a la medida.
¿El gobierno debió recibirle el pago de regalías a la empresa en 2022?
No, pero tampoco seguir permitiendo actividades sin un plan de cierre.
¿Qué opina de la guerra mediática entre el gobierno y la empresa?
Demuestra la desesperación de ambos. Y el gobierno no tendría por qué estarlo.
Panamá no aplicó el fallo de inconstitucionalidad a tiempo. ¿Quién ganaría un arbitraje?
¿Por qué ir con actitud de perdedores? Los gobiernos han tomado acciones que nos afectan, pero el recurso es nuestro y el derecho a defenderlo también. Las consecuencias de tenerlos aquí otros 40 años son igual o más graves que cerrar esto ya.
La mina alega que sí cumple con sus obligaciones. Después de esta negociación, debe poder continuar su operación sin someterse a auditorías, negociaciones y consultas. ¿Coincide?
No. Lo que quieren es blindar su camisa a la medida para que nadie los cuestione y sigan operando como les da la gana.
¿Por qué no ha ido a ver lo que critica?
Yo no he ido a la mina, pero sí al área y a las comunidades. Y vi las consecuencias. E ir no cambiaría un ápice mi opinión.
Su respuesta a los que dicen que usted está pagada para atacar a la mina.
Si supieran que por criticar tengo menos, no más oportunidades…
¿La minera financia campañas?
No sé, pero el silencio de los partidos es ensordecedor.
First Quantum y Minera Panamá tienen como accionistas a países. ¿Eso riñe con la Constitución, que prohíbe a gobiernos foráneos dominar nuestros recursos, o los recursos pueden darse en concesión a empresas estatales y el dominio sigue siendo del Estado?
Lo primero. El Código Minero, que dice lo segundo, no puede ir por encima de la Constitución y además ya fue anulado.
El contrato actual permite vender y ceder ilimitadamente. Así, ¿cómo el Estado puede darle seguimiento a quien ocasiona daños? ¿O al comprar los activos compras los compromisos?
Eso es otro problema. Está hecho a propósito así para no seguirle la pista a los responsables. La minera no tiene nada: todo lo alquilan. Se van sin dejar rastros.
Usted siempre cita como ejemplo Costa Rica, que le ha dicho no a la minería. Allá no hay tanto como acá para explotar… ¿o sí?
Sí tienen. Eso lo dicen porque allá no los dejaron hacer su negocio.
La labor social de la mina, ¿es genuina?
Es la manera fácil de maquillar el daño. Y no es que la empresa haga una calle. Es que le den al gobierno lo justo para que se invierta como se debe.
Cortizo prometió que la plata de la mina se inyectaría en el Seguro Social. ¿Es justo eso para un no asegurado?
El déficit del Seguro es mucho mayor que la plata de la mina. Esa promesa solo buscaba aplacar la preocupación.
¿Qué pasó con Broadway, la empresa que anunció el gobierno que invertiría para reactivar Petaquilla?
Eso sigue latente. ¿Una compañía que se registró en 2019 y en un año hacen esta propuesta, que anuncian justo después de incluir 25 mil hectáreas al régimen minero? Además, proponen invertir $250 millones en una refinería y que el Estado sea accionista del 50%. Otro caramelo.
PERFIL
Arquitecta con posgrado en Administración. Fue vicealcaldesa, y miembro de la SPIA y de Alianza Pro Ciudad. Preside la Fundación Panamá Sostenible y es asesora ambiental.
