Indígenas de las comunidades de Chicheme y Cerro Colorado-Petaquilla, en el distrito de Donoso, provincia de Colón, denunciaron ser víctimas de persecución, amenazas y violación de derechos humanos por parte de la empresa Minera Panamá y por el corregidor de Coclé del Norte, Domingo Walter.
Martín Rodríguez, presidente de la Organización Rey Quibián, señaló que el pasado 26 de febrero representantes de Minera Panamá, en conjunto con el corregidor Walter, se presentaron a la comunidad de Chicheme para desalojarlos de sus viviendas porque supuestamente están ocupando tierras de concesión de la compañía.
Según el dirigente indígena, ellos no van a salir de esas tierras porque tienen más de diez años de estar habitándolas sin el apoyo de ninguna empresa y ni siquiera de las autoridades administrativas, para que ahora lleguen con la intención de sacarlos sin darles nada.
Indicó que los indígenas se establecieron en estas tierras en 1999 y que ya son seis comunidades que existen en las montañas de Donoso, sin apoyo del gobierno, por lo que no tienen escuelas ni puestos de salud, y solo sobreviven con los cultivos que siembran.
Rodríguez dijo que Minera Panamá los quiere llevar a un sitio conocido como la primera corriente de Petaquilla pero que allí las tierras están contaminadas y ellos no quieren sufrir las consecuencias de la minería.
Igualmente, señaló que allá no tienen nada y tendrían que comenzar de nuevo, por lo que no están dispuestos a salir ni antes ni después de la fecha límite del 30 de abril que les ha dado la empresa.
Minera se defiende
Mediante un comunicado la empresa Minera Panamá indicó que desde hace más de 5 años lleva adelante el proceso de reubicación de dos asentamientos indígenas y de tres asentamientos campesinos dentro del proyecto de Cobre Panamá, y que el mismo se ha desarrollado con la participación de los miembros de los asentamientos.
Agrega el informe que todo el proceso ha sido acompañado por funcionarios de la Defensoría del Pueblo, del gobierno local, de la Iglesia y de instituciones estatales, entre ellas el Ministerio de Educación, la Autoridad Nacional del Ambiente, el Ministerio de Salud, la Autoridad Nacional de Tierras y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, entre otras.
La empresa aseguró además que todo el proceso de reasentamiento de indígenas y comunidades campesinas se ha hecho cumpliendo con las leyes panameñas y prácticas internacionales, como las establecidas por el IFC del Banco Mundial, por lo que niegan cualquier afirmación contraria.