Mientras el Ejecutivo y los grupos indígenas que se oponen al proyecto hidroeléctrico Barro Blanco se preparan para iniciar este miércoles, 24 de junio de 2015, una nueva fase del diálogo sobre el futuro de las obras sobre el río Tabasará, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) reiteró el llamado al Gobierno para que se haga cumplir la ley y se respete la propiedad privada.
Manuel Domínguez, secretario de Comunicación del Estado, confirmó que este miércoles la comisión de alto nivel que atiende el tema se trasladará al área acordada por el Movimiento 10 de Abril (M-10) para la reunión –Centro Misionero Jesús Obrero, en Tolé– para continuar las conversaciones.
Encabezará la delegación la vicepresidenta de la República y canciller, Isabel de Saint Malo de Alvarado. Domínguez aseguró que no se descarta que posteriormente el Presidente vaya personalmente, como lo exige otro grupo de indígenas, el llamado Movimiento 22 de Septiembre.
Inicialmente el Ejecutivo tenía la reunión prevista para el 26 de junio.
En un comunicado difundido esta semana, la Cciap calificó como inaceptable permitir a agrupaciones que “secuestren la entrada del proyecto, siendo propiedad privada, impidiendo a los colaboradores ingresar a sus puestos de trabajo”.
De hecho, desde el pasado 8 de junio un grupo de indígenas mantiene bloqueada la entrada a las obras a los trabajadores, medida que se recrudeció el 15 de junio con la prohibición de la entrada a cualquier administrativo.
Desde el pasado 9 de febrero el Ministerio de Ambiente suspendió temporalmente las obras por incumplimiento de los estudios de impacto ambiental, decisión que la empresa Generadora del Istmo, S.A. (Genisa), a cargo de la concesión, pidió reconsiderar.
Según el comunicado de la Cciap, firmado por su presidente Carlos Fernández, el Gobierno debe hacer cumplir la ley y velar por que se respeten las garantías constitucionales como la libertad de tránsito y disfrute de la propiedad privada. “Incumplir lo pactado, cancelar una obra que reporta un 95% de avance u otras opciones como la nacionalización, es peligroso tanto para el perímetro de la obra como para la seguridad jurídica de las inversiones”, señala.
Hace poco la Cámara de Comercio de Chiriquí propuso como una salida la nacionalización del proyecto.
Los indígenas están divididos en por lo menos tres grupos, entre ellos los que piden la cancelación total de la obra, alegando que cuando se inunde la represa se afectarán sitios espirituales y se le causaría daños ecológicos al río Tabasará.
Genisa ha advertido que los trabajos que ha desarrollado junto al contratista Hidráulica de San José podrían sufrir graves daños con el recrudecimiento del invierno, especialmente la presa.