Los residentes del corregimiento de Cauchero en Bocas del Toro cerraron este lunes la vía que comunica a la provincia con el resto del país, en rechazo al recién aprobado proyecto de ley 135 que crea 11 nuevos corregimientos en esta región, iniciativa promovida por el diputado oficialista Benicio Robinson.
Mantuvieron la medida durante casi todo el día con el objetivo de que el mandatario Laurentino Cotizo vete el proyecto.
Manuel Pineda, uno de los residentes que se opone a la ley 135, señala que no ven viable que se anexe el corregimiento de Cauchero -de unos 5 mil habitantes- al distrito de Almirante, como plantea la propuesta.
No obstante, consideran que se debe discutir nuevamente el proyecto, pues está sobre la mesa la propuesta de que el corregimiento de Cauchero sea dividido en dos corregimientos, pues podría ser una buena opción.
Y es que existe otro grupo que apoya el proyecto. Fermín Molina, vocero de los que respaldan la propuesta aprobada recientemente en la Asamblea Nacional, considera correcto que se anexe al distrito de Almirante. “Esta población necesita proyectos sociales ya que desde hace más de 20 años están abandonados”, dijo.
Agregó que exigen un centro educativo completo en las 3 jornadas, debido a que la distancia no les permite viajar hacia los planteles de Almirante o Chiriquí Grande.
Las autoridades provinciales intentan buscar un acuerdo para que la comunidad llegue a un entendimiento y establecer un diálogo entre ambas agrupaciones.
Este proyecto también causó recientemente disconformidad entre miembros de la sociedad civil. ““Es increíble que sigamos creando más corregimientos cuando no hay evidencias de beneficio real para las comunidades”, dijo Jorge Ricardo Fábrega, exministro de Gobierno.
Por su parte Edwin Cabrera opinó que crear un corregimiento le cuesta al Estado (a los congos) $2,000 mensuales en salario del HR -edil del corregimiento, $110,000 anuales para la junta comunal (descentralización).
Según ha dicho el diputado Robinson, con la creación de los 11 nuevos corregimientos se garantiza el desarrollo de las comunidades, el fortalecimiento de instituciones y municipios, se mejora el acceso a los servicios públicos de los habitantes que viven distantes y no tienen acceso a centros de salud ni escuelas dignas.
