Siete días después de que 243 viviendas ubicadas en el corregimiento de Puerto Caimito, en La Chorrera, provincia de Panamá Oeste, fueran inundadas a consecuencia de repetidos aguajes, las familias afectadas esperan que el Gobierno cumpla la promesa de reubicarlos en áreas seguras.
La esperanza de igual número de familias fue alentada por una resolución del Consejo de Gabinete que declaró zona de emergencia los poblados de Kosovo, El Uvero y El Astillero, localizados en Puerto Caimito y Playa Leona. Gloria Vega, quien reside en el sector de El Uvero, aseguró que está dispuesta a reubicarse donde el Gobierno lo decida, toda vez que no es posible continuar viviendo con el temor diario de qué sucederá con el próximo aguaje.
“Nuestras familias no merecen estar en esta zozobra”, puntualizó.
No obstante, la decisión tomada por Vega contrasta con la de Simón Amores, quien después de vivir por 79 años en Puerto Caimito sostiene que prefiere quedarse en el lugar. “Ante eventos como los aguajes, uno se acomoda”, dijo con un dejo de tranquilidad en el rostro.
COMPROMISO
La resolución, dictada por el Consejo de Gabinete, autoriza al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) para que adquiera o construya las unidades de vivienda necesarias para apoyar a los afectados.
De acuerdo con la medida, la entidad también está autorizada para contratar el alquiler de las unidades habitacionales que sean necesarias temporalmente para atender a las familias damnificadas.
Según un censo realizado por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), del poblado de Kosovo se debe reubicar a 26 familias, otras 129 de El Astillero, 79 de El Uvero y 9 de Playa Leona.
JUEGA VIVO
Deyanira de Naterón, representante del corregimiento de Puerto Caimito, manifestó que la eventual entrega de viviendas por parte del Gobierno debe darse con sumo cuidado, para “evitar el juega vivo”.
Añadió que por parte del Ejecutivo se le informó que dispondría de 200 casas en la barriada Mar Azul en Puerto Caimito, aunque dijo desconocer si los beneficiarios tendrán que pagar por esas residencias.
“Estas viviendas deben ser asignadas a familias que tengan más de un año viviendo en las comunidades afectadas por los aguajes, y que no posean propiedades en otras áreas”, opinó De Naterón.
Sostuvo que por parte del Miviot se debe investigar cuántas casas estaban alquiladas y dónde residen los propietarios.
A su criterio, urge la reubicación de unas 200 familias, mientras que el resto podría esperar otras soluciones habitacionales.
Frente a ello, el viceministro del Miviot, Jorge González, argumentó que la orden dada por el presidente Varela fue ubicar terrenos donde a corto plazo se pueda construir un proyecto habitacional.