La madrugada del 27 de mayo en Suiza, siete altos directivos de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) fueron arrestados por la justicia estadounidense por una supuesta trama de corrupción que implicaría unos 200 millones de dólares. El máximo escándalo en el deporte mundial.
Nombres de altos dirigentes de Costa Rica, Islas Caimán, Uruguay, Brasil, Venezuela y Paraguay salieron a relucir, una bomba de tiempo que pronto salpicaría a otras regiones del mundo, entre ellas Panamá.
La renuncia del titular de la FIFA, Joseph Blatter, fue el siguiente capítulo de la novela dantesca que presentó un nuevo episodio el pasado 3 de diciembre, cuando la justicia estadounidense, encabezada por Loretta Lynch, lanzó acusaciones contra 16 dirigentes de la Concacaf y Conmebol, dos organismos filiales de la FIFA.
Dato
Es la crónica de una muerte anunciada, el tic tac de un reloj llegando a medianoche o el pitazo inicial de un partido. La justicia estadounidense no tardaría en mencionar a un miembro de la Fepafut.
Entre los vinculados se señaló al expresidente de la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) Ariel Alvarado, a quien se le acusaba de recibir presuntamente coimas por 230 mil dólares por los derechos de comercialización de los partidos de Panamá para el Mundial de Sudáfrica 2010 (60 mil dólares) y Brasil 2014 (70 mil dólares). Además de supuestamente obtener $100 mil por los derechos de una Copa Oro, según un documento de la Corte de Nueva York, Estados Unidos (EU).
Alvarado se defendió y reveló que colaboraría con la justicia estadounidense para aclarar cualquier situación que se le presente.
Por el momento, a Alvarado no se le investiga en Panamá. Ni la Cancillería de Panamá ni el Ministerio Público han recibido un pedido de la justicia estadounidense para que notifiquen al exdirigente panameño sobre los presuntos delitos por los que se le acusa. Alvarado lideró el fútbol local entre 2001 y 2011.
En Panamá no hay extradición de sus nacionales, pero sí existiría la posibilidad de que se le investigue si se presenta una denuncia y se acoge.
Esta semana dos abogados, Ernesto Cedeño y Rubén Castrejo, presentaron respectivas denuncias para que se investigue el caso de Alvarado y cualquier relación con su junta directiva en detrimento del organismo que representaron.
Castrejo, según su denuncia, pide que se investigue a los miembros de la Federación Panameña de Fútbol por el supuesto delito contra el patrimonio económico en perjuicio de la selección nacional de fútbol y solicita a las autoridades locales asistencia judicial internacional sobre lo que señalan en Estados Unidos.
Cedeño, por su parte, presentó denuncia ante la Procuradora General de la Nación para que pondere la posibilidad de iniciar una investigación de oficio por el escándalo de corrupción de la Fepafut, en el cual se involucra supuestamente al Sr. Ariel Alvarado, exdirigente del organismo .
Además, solicitó que pondere la posibilidad, no solamente en contra del Sr. Alvarado, sino a toda la Fepafut para que rinda cuentas sobre el tema en particular.
En su momento, el presidente de la Fepafut, Pedro Chaluja, desvinculó a ese organismo de este escándalo bajo el argumento de que se trata de acusaciones y acciones que se han tomado de forma individual contra las personas (Ariel Alvarado, en el caso de Panamá) y no contra la Fepafut como tal.
No obstante, señaló que de ser necesario, como federación están abiertos a brindar cualquier tipo de información. En iguales términos se pronunció el tesorero de la Fepafut, Mateo Fábrega, al indicar que el organismo deportivo que representa está abierto para que cualquier autoridad audite sus cuentas.
Según Fábrega, a Alvarado no se le investiga por las cuentas dentro de la federación, sino por el supuesto de recibir beneficios para la firma de esos convenios de comercialización.
Culpables
Pero la telaraña sigue y golpea otras regiones. Ya ocho dirigentes se declararon culpables, ellos son: Jeffrey Webb (Islas Caimán), Luis Bedoya (Colombia), Alejandro Burzaco (Argentina), Sergio Jadue (Chile), Zorana Danis (Colombia), Fabio Tordin (Brasil), Roger Huguet (España-Estados Unidos) y José Margulies (Brasil).
En El Salvador se hizo una petición a la Interpol para que se le investigue, toda vez que algunos de sus exdirectivos y directivos de fútbol están siendo indagados por estar supuestamente vinculados con actos de corrupción.
Como parte de esta “nueva tanda” de acusados, en Argentina, el ex secretario general de la Conmebol, José Luis Meizner, se entregó ante el juzgado que tramita su extradición a Estados Unidos dentro del marco del escándalo por corrupción que envuelve a la FIFA.
El abogado de Meiszner, Luis Daer, declaró que intentará que su cliente cumpla prisión domiciliaria hasta tanto el Poder Judicial defina si será extraditado a Nueva York, EU.
En Perú, el expresidente de la federación de fútbol de ese país, Manuel Burga, fue trasladado a inicios de semana a una cárcel en Lima, luego de que un juez confirmase su arresto preventivo en conexión con la extradición solicitada por el Departamento de Justicia de EU.
En Honduras, el Ministerio Público informó de la congelación de tres cuentas bancarias del expresidente Rafael Leonardo Callejas y Alfredo Hawit, uno de los vicepresidentes de la FIFA, por presuntos vínculos con el escándalo de corrupción.
En Guatemala, autoridades judiciales realizaron el fin de semana dos allanamientos en busca del presidente de la federación local de fútbol, Brayan Jiménez, involucrado en un caso de corrupción.
Héctor Trujillo, secretario general de la federación guatemalteca, fue capturado el viernes pasado en Florida, EU, mientras estaba en un crucero con su familia.
Trujillo, además de su puesto en la federación, funge como juez suplente de la Corte de Constitucionalidad, la máxima instancia legal del país.
La investigación de la justicia de EU también incluye al guatemalteco Rafael Salguero, exmiembro del comité ejecutivo de la FIFA.
Por este mismo caso, en Ecuador están bajo arresto domiciliario Luis Chiriboga y Francisco Acosta, presidente y secretario de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, a quienes también se les congelaron sus cuentas bancarias.
(Basado en servicios internacionales).