La reconstrucción de nuestras instituciones es un imperativo. Una Contraloría que arranque y fiscalice el gasto público; una fiscalía general que abra bien los ojos y no se ponga una anteojera para combatir el delito y tribunales cuyos jueces ejerzan con independencia, que sepan empinarse ante las contradicciones y los desafíos.
El país de caricatura, de sus sueños de grandeza de Primer Mundo, no avanzará mientras los magistrados de la máxima corporación de justicia sean designados en las oficinas del Palacio de las Garzas y adeuden ese puesto a quien lidere el país.
Habrá que encontrar un mecanismo, incluso votación popular, que estremezca ese sector, y se logre un nuevo rumbo en la justicia, hoy baldada y sin misericordia.
Esas son materias que han sido postergadas por años, y que anteceden al presente perÍodo presidencial, donde el sistema de contrapesos nada pesa y huele a aberración institucional. Y no existe poder alguno que pueda, por ejemplo, frenar la eventual reelección mascarada, que se cierne sobre el país, si es que la oferta oficialista se impone en las elecciones previstas para el 4 de mayo.
Para una buena parte de la población, estas materias de justicia y de fiscalización son materias de lujo, que, cree, no afecta la vida de los ciudadanos y, ante esa realidad y la inacción ciudadana, terminan imponiéndose modelos autocráticos, sin control estatal y vigencia de instituciones que representen un contrapeso ante las decisiones desde el poder político.
Nuestra nación está entre los líderes de esas faltas de controles de la vida ciudadana y de los recursos públicos y, ante propios y extraños, estamos ante una carencia de transparencia, donde anida y se ensaña la corrupción, que significa retroceso y afianzamiento de la pobreza de grandes sectores nacionales.