Este grupo de políticos con curules en la Asamblea Legislativa –hoy Asamblea Nacional- se empeña en restringir la libertad de expresión. Se aprovecha de sanos anteproyectos para mejorar la condición de los periodistas e intenta insertar sus proverbiales camarones.
Estamos en 2001. Está empezando el gobierno Mireya. Bajo argumentos de proteger la niñez y su integridad psíquica y moral, se incluyen artículos que colisionan con la Constitución, convenios internacionales y el sentido de la libertad de expresión. Uno de los proyectos es aprobado, pero vetado por la presidenta Mireya, y otros dos resultan abortados en los debates legislativos.
En medio de esa batahola, nace en 2003 el Consejo Nacional de Periodismo –conocido por sus siglas CNP, /cenepé/). Se unen en torno a ese organismo los gremios, las empresas periodísticas y las universidades que ofrecen estudios de comunicación social. Un hecho único en el continente americano. Su propósito: fomentar el periodismo de calidad, libre y responsable para fortalecer la democracia y la libertad de expresión.
Además de su incidencia en la vida nacional, en la contribución en la capacitación de periodistas en seminarios, cursos y diplomados, ha conseguido desarrollar alianzas internacionales, donde goza de gran prestigio: entre ellas, con la Fundación Trusth de las Américas, adscrita a la Organización de Estados Americanos (OEA), y la Alianza Regional por la Libertad de Expresión e Información.
El CNP es una mesa de concertación, en la que actores diversos se reúnen en torno a una finalidad patriótica, y es buscar la optimización del ejercicio del periodismo, como una de las herramientas que hemos escogido para el desarrollo nacional, y profundizar la democracia y la libertad de expresión.
Y posee un Comité de Ética, uno de sus pilares, que ha contado con la asesoría de expertos nacionales y de otras naciones, como Colombia, Chile, Perú y Estados Unidos.
He tenido el privilegio de que mis colegas de esa mesa me hayan designado en algún momento de estos diez años como vicepresidente y tesorero, y, más que una iniciativa personal, pude percibir aquello de lo mejor que nos anima a todos para estar atentos del orden mundial y ponernos de acuerdo en factores cruciales de la función mediática, tan determinantes en nuestras vidas.
Seis años después de ser integrante de sendas juntas directivas, he sido convocado para presidir este Consejo, tan emblemático sobre la personalidad social de los ciudadanos panameños.
Rodrigo Miró y Diego Domínguez Caballero, intelectuales de primera talla, concluyeron que en el ser panameño sobresale esa mentalidad de concertación y tolerancia, en el sentido de respeto a las opiniones de los otros.
Acontecimientos posteriores a estas aseveraciones les han dado la razón: aún calientes los efectos de la última invasión estadounidense, en 1989, y la más cruenta de todas, compatriotas con distintos intereses ideológicos, políticos y económicos desarrollaron los diálogos de Bambito y Coronado, que llevaron a ponerse de acuerdo sobre una materia tan peliaguda como la administración del Canal de Panamá.
Una empresa que fue administrada durante 90 años por un país de Primer Mundo, con un presupuesto y gerencia emanados de su Secretaría de Defensa y con sus fines hegemónicos y también bélicos.
Con los consejos del ingeniero Mauro Destro, en 2005 concluimos que los valores del CNP serían: transparencia, responsabilidad, independencia, solidaridad, dignidad y equidad, que coinciden con aspiraciones legítimas no solo de los actores de la comunicación mediática, sino de los pobladores de este país que emergió del mar hace 10 millones de años.