Alianza Ciudadana pide a Ayú Prado que se separe de la Presidencia de la Corte

Alianza Ciudadana pide a Ayú Prado que se separe de la Presidencia de la Corte
Alianza Ciudadana pide a Ayú Prado que se separe de la Presidencia de la Corte

La Alianza Ciudadana Pro Justicia pidió que el magistrado José Ayú Prado se separe “voluntariamente” del cargo de presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para que se investiguen las denuncias del ex juez penal Alexis Ballesteros sobre tráfico de influencias y abuso de autoridad.

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“Los magistrados José Ayú Prado y Alejandro Moncada Luna no pueden seguir administrando justicia como si nada hubiese pasado”, señala la Alianza en una carta abierta al pleno de la CSJ, divulgada hoy.

Ballesteros, quien hasta hace un mes ejerció como juez penal, denunció en marzo pasado que recibió instrucciones de Ayú Prado, Moncada Luna y los magistrados Secundino Mendieta y Wilfredo Sáenz –del Segundo Tribunal Superior de Justicia-, para fallar en beneficio de allegados del presidente Ricardo Martinelli en tres casos específicos: el de la denuncia contra Balbina Herrera por divulgar correos del presidente; uno que involucra a un familiar de Gabriel Btesh –amigo íntimo de Martinelli-, y el que se sigue a la contratista del Estado Transcaribe Trading, por el bloqueo a la circulación de La Prensa y Mi Diario.

El ex juez también acusó al administrador de la Autoridad de Turismo, Salomón Shamah. “Si el resto de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia siguen guardando silencio sobre estas graves denuncias, lo único que se hace es confirmar que los ciudadanos de este país estamos sometidos a una administración de justicia manipulada, donde no existen garantías ni seguridad jurídica para ningún ciudadana”, sostiene la Alianza, organización que aglutina una veintena de gremios profesionales y de la sociedad civil organizada. Ballesteros presentó una denuncia penal contra los cuatro magistrados, en la Asamblea Nacional.

La Alianza pronostica que los diputados no harán nada al respecto, por lo que pide a la propia Corte que inicie una investigación “por faltas graves a la ética judicial”.

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