La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) no investigará el manejo administrativo y presupuesto millonario de las juntas comunales y municipios, durante el periodo electoral 2013-2014.
El pasado 4 de junio, la Alianza Ciudadana Pro Justicia, a través de su directora ejecutiva Magaly Castillo, solicitó a Benzadón la creación de una “comisión técnica”, con participación de la sociedad civil organizada, para investigar las millonarias partidas asignadas a diputados en municipios y juntas comunales. Según documentos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se transfirieron 76 millones de dólares en partidas, entre 2013 y 2014.
Una semana después de recibir la carta de la Alianza, Benzadón respondió que no tiene facultad para crear una comisión con las facultades que solicita Castillo.
La Ley 33 de 2013 –que creó la Antai-, en su artículo 6, numeral 10, dicta que la entidad puede “examinar de oficio” la gestión administrativa en los municipios y juntas comunales, “a efecto de identificar la comisión de hechos que puedan ser considerados actos de corrupción, como servidores públicos sin funciones específicas asignadas, sobreprecios en compras y provisión de bienes o servicios, duplicidad de funciones y otras conductas”.
La misma norma señala que de probarse la comisión de un acto de corrupción, la Antai “tendrá la obligación de poner dichos hechos en conocimiento de la autoridad competente”.
Pero, según Benzadón, el espíritu del artículo 6 de la Ley 33 “bajo ningún concepto debe interpretarse como la facultad investigativa que usted [Castillo] sugiere, y que de ejercerla estaríamos usurpando competencia a la Contraloría, el Ministerio Público y otras entidades”.
“Nuestras funciones se enmarcan en la labor preventiva que ejercemos y es en razón de ese ejercicio preventivo que esta entidad, bajo nuestra dirección, ha evitado posibles lesiones patrimoniales por el orden de $115 millones”, señala la funcionaria.
Benzadón aconseja a Castillo que si quiere conocer el manejo de los dineros de las juntas comunales y municipios, que invoque la Ley 6 de 2002 (Ley de Transparencia), ante la entidad fiscalizadora correspondiente, la cual en este caso –advierte- es la Contraloría.