Comienzan consultas del proyecto sobre conflicto de intereses

Un paquete de posibles modificaciones al proyecto de ley No. 52, que regula el conflicto de intereses en el servicio público, se mantiene en evaluación en una subcomisión de Trabajo de la Asamblea Nacional.La iniciativa pretende regular la actuación y la conducta de todos los servidores públicos de jerarquía nacional, provincial, municipal o comunal escogidos por concurso, elegidos mediante el voto ciudadano o nombrados temporal o permanentemente en el Órgano Ejecutivo, el Legislativo y Judicial.También se incluyen a los funcionarios de los municipios, los corregimientos, las entidades autónomas o semiautónomas y, en general, se aplica a toda persona que ejerza una función pública en nombre o al servicio de la República.Entre los objetivos del proyecto, al que se ha permitido la participación de todos los sectores interesados, se incluye prevenir la ocurrencia de conflictos de interés en todos los ámbitos de la administración pública para asegurar el cumplimiento de deberes jurídicos y éticos por quien ejerce la función pública, el respeto del deber social que apunta a preservar la legítima confianza que la sociedad deposita en quien gestiona el interés común.La norma establece, además, la creación de una Oficina de Ética Pública, adscrita a la Defensoría del Pueblo y dirigida por un fiscalizador público, quien será escogido de una terna que le presentarán las organizaciones de la sociedad civil a la Asamblea.Por último señala que ningún servidor público, luego del cese en el cargo, deberá actuar de manera que obtenga una ventaja inapropiada e inequitativa.