Un nuevo receso fue decretado cerca de las 3:20 de la tarde de este sábado, 22 de enero, en la reunión tripartita que sostienen representantes del consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC), trabajadores y Gobierno, y que busca ponerle fin a la huelga que hace seis días comenzaron trabajadores que laboran en el proyecto de ampliación del Canal de Panamá.
En la sesión de este sábado se han presentado dos propuestas salariales: una por parte de los trabajadores y otra del Gobierno. La diferencia entre ambas proposiciones sigue siendo abismal: $822.01 en el caso de la mano de obra calificada y $356.72 para la no calificada.
Según la titular de Trabajo y Desarrollo Laboral, Alma Cortés, el presidente de la República, Ricardo Martinelli, le dio indicaciones para que la reunión se prorrogara solo una hora más, tiempo durante el cual se debía resolver la disputa o dar por cerrada la negociación.
Una vez decretado el receso, Cortés se dirigió a su despacho, para dar un informe de lo ocurrido hasta el momento. A las 4:40 p.m. no han regresado a la mesa.
DOS PROPUESTAS
Los trabajadores insisten en un aumento de $8 la hora para los calificados, lo que representaría, al mes, un salario de mil 663 dólares con 99 centésimos. Para los no calificados, el salario sería de $5.05 la hora, quedando en mil 50 dólares con 39 dólares centésimos.
El Gobierno se ha mantenido en sus porcentajes, para que la mano de obra calificada tenga un salario mensual de $841.98, mientras que la no calificada reciba $693.67.
Dentro de las negociaciones se han hecho fuertes señalamientos entre la ministra Cortés y los representantes de los obreros. Cortés les ha dicho a los trabajadores que no se sorprendan si con los montos de aumentos que están solicitando luego son desplazados de sus puestos por personas mejor calificadas que ellos, que aspirarán a llenar esas plazas.
En tanto, los obreros le dijeron a los representantes del gobierno que pareciera que no aprendieron con lo que pasó en Bocas del Toro y advirtieron que esta huelga puede llegar a ser peor que lo sucedido en esa provincia en 2010, cuando se dieron graves disturbios por la polémica Ley 30 (conocida también como “ley chorizo” o “9 en 1”), los cuales dejaron cuantiosas pérdidas materiales y centenares de heridos.
La Ley 30 reformó tres códigos –el Penal, el Judicial y el Laboral– y ocho leyes. En ella se limitaba el acceso a la cuota sindical y se regulaban las huelgas.
(Con información de Roberto González Jiménez)
Más información mañana en La Prensa