La Superintendencia de Comunicación (Supercom) de Ecuador efectúa una vigilancia -durante las 24 horas del día, los siete días a la semana- de cada espacio de noticias, opinión, musical, publicidad y propaganda en los medios de comunicación de Quito, Guayaquil, Cuenca y Portoviejo.Según reportó el diario El Universo, Supercom adjudicó el servicio de monitoreo -por contratación directa- a las empresas Estadística y Servicios de Control Publicitario (Escopusa) e Información de Medios (Infomedia), de acuerdo con el portal del Sistema de Compras Públicas y con fecha del 13 de mayo pasado.Con esto, Escopusa debe “almacenar, clasificar, categorizar, parametrizar” la producción mediática que, luego de un análisis, podría motivar “el desarrollo de procesos de investigación, vigilancia, control y verificación de la información”, en el caso de que se incumpla la ley orgánica de comunicación. Asimismo, se observará que los medios de comunicación emitan “información de relevancia pública o de interés general”.Por otra parte, el trabajo de Infomedia será estar al tanto de lo que se difunda sobre contenidos musicales, publicidad y propaganda, de acuerdo con el reporte periodístico. El objetivo de estos seguimientos es informar a la gente qué calidad de contenidos está recibiendo o el grado de vulnerabilidad al que se expone a grupos de atención prioritaria y étnicos, según el portal de Compras Públicas de Ecuador.Esta información se da a conocer cuando hoy, martes, la 44 Asamblea General de la OEA será inaugurada, con una agenda que incluye la reforma de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un tema que vuelve al tapete a iniciativa de Ecuador, un gran crítico del organismo.El país sudamericano ha revitalizado en encuentros de alto nivel en la última semana sus ideas de cambio para la CIDH, que cuentan con el apoyo de miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América y de otros países de la región.Algunas organizaciones no gubernamentales de derechos humanos no han ocultado su pesar por la reanudación del proyecto, que creían estancado y que a su juicio perjudicará el trabajo independiente de la CIDH. Pero el gobierno de Rafael Correa se queja de que la relatoría de libertad de expresión, con la que ha tenido roces en los últimos años, cuenta con más fondos que otras.
Esa relatoría recibe aportaciones directas de algunos países y ella misma presenta proyectos a entidades diversas para su financiación, como haría una ONG.
