No podemos suspender un proyecto porque una de las partes lo pida: Fletcher

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) analiza este jueves, 8 de marzo, la situación del diálogo entre dirigentes indígenas y representantes del Gobierno.



Entre otros asuntos, el tema central tiene que ver con la seguridad jurídica y el impacto económico de cerrar un proyecto hidroeléctrico como Barro Blanco, tal como lo solicitan los ngäbes buglés.



Antonio Fletcher, presidente del gremio, dijo este mediodía que no podemos suspender un proyecto porque una de las partes lo pida.



Una medida de este tipo -dijo- "afectaría la seguridad jurídica, generaría pérdidas incalculables y comprometería el futuro del país".



ARGUMENTOS



“Los grupos indígenas Ngäbe Buglé deben tener presente que los proyectos hidroeléctricos forman parte del desarrollo del país y que el Gobierno Nacional tiene la responsabilidad y la obligación de velar porque el abastecimiento de energía se mantenga de acuerdo a la demanda existente y futura. Ante esta situación, deben prevalecer siempre los mejores intereses del Estado que somos todos”, se indica en un comunicado del Conep dado a conocer este jueves.



El gremio empresarial sostiene que la cancelación de proyectos hidroeléctricos –existentes o potenciales- tendrá como consecuencia el uso de otros tipos de energías “generadas por combustibles, contaminantes y caros, que repercutirán directamente en el encarecimiento de la canasta básica y del aumento sustancial del costo de la vida”.



Lo anterior sin contar con el incremento constante del precio del combustible, se indica en el comunicado.



“Hacemos un llamado a los partidos políticos, agrupaciones y otros sectores, para que tengan presente que en estos momentos no estamos para intereses particulares, razón por la cual deseamos que el diálogo fluya de forma positiva, preservando el Estado de Derecho”.



EL DIÁLOGO



El Conep solicitó esta semana a la Asamblea Nacional incluirlo en la discusión para hacer una presentación técnica sobre el tema.

La subcomisión, creada para establecer una ley especial minera y de protección de los recursos hídricos de la comarca Ngäbe Buglé, anunció consensos que dio a conocer el pasado lunes, 5 de marzo.



El punto central tuvo que ver con que se realice un peritaje independiente del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco, posterior a una revisión del plan de manejo ambiental del mismo. Sobre este tema, el ministro de Gobierno, Jorge Fábrega, explicó ayer que primero se hará un análisis del estudio de impacto ambiental y luego, de requerirse, un peritaje.



En el documento leído el pasado lunes por el mediador del diálogo, el obispo de David, José Luis Lacunza, se indica que la suspensión del proyecto sería temporal, mientras  dure el periodo de peritaje, una vez que la revisión del estudio de manejo ambiental haya sido concluida.



La subcomisión especial volverá a reunirse, en la sede de las Naciones Unidas en la Ciudad del Saber, el próximo lunes 12 de marzo.



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