Panamá, 18 de noviembre de 2026

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Las millonarias adendas con Etesa que beneficiaron a Iverco, Neminca y Carretero

Señores

LA PRENSA

Dirección del Consejo Editorial

Ciudad de Panamá

Asunto: Ejercicio formal del derecho a réplica.

Señores:

En ejercicio del derecho de réplica reconocido en el artículo 2 de la Ley 22 de 29 de junio de 2005, y en seguimiento a mi réplica publicada el pasado 14 de noviembre, me dirijo a ustedes con motivo de las publicaciones de los días 16 y 17 de noviembre, que nuevamente hacen referencia a mi persona en el contexto de las investigaciones sobre ETESA y el atentado contra la residencia del periodista Rolando Rodríguez.

I. INCONSISTENCIAS EN LA NARRATIVA SOBRE EL ATENTADO

Ante todo, expreso mi respeto, consideración y solidaridad con la señora Nadia Gisela Ali de Rodríguez, cuya integridad estuvo en peligro durante el lamentable atentado.

No obstante, llama la atención que desde el sábado 14 de noviembre el señor periodista Rolando Rodríguez presentara públicamente el atentado como un acto dirigido a silenciar su actividad periodística, pese a reconocer que no había recibido amenazas recientes y que correspondía al Ministerio Público esclarecer su motivación. Ese mismo día afirmó que los atacantes sabían dónde vivía y cuál era su vehículo; sin embargo, posteriormente reconoció que reside en Penonomé y, al preguntársele por qué el ataque ocurrió en Brisas del Golf, respondió: «No sé». El lunes 16 planteó, además, hipótesis sobre posibles intermediarios y autores intelectuales de alto perfil.

Resulta contradictorio cuestionar las especulaciones sobre otras posibles motivaciones cuando las primeras interpretaciones públicas acerca del móvil del atentado provinieron del propio periodista, sin que exista hasta ahora una conclusión oficial que las confirme. No pretendo cuestionar circunstancias personales o familiares, sino destacar la importancia de distinguir entre hechos comprobados e hipótesis, particularmente cuando se asocia reiteradamente el atentado con una investigación sobre ETESA en la que aparece mi nombre. La proximidad temporal entre un cuestionario periodístico y un hecho criminal no constituye prueba de relación causal ni justifica generar sospechas sobre las personas consultadas.

II. SOBRE EL RIGOR Y LAS OMISIONES DE LA INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA

Me llama profundamente la atención que un periodista de reconocida trayectoria investigativa me haya remitido, el 12 de noviembre de 2026, un cuestionario identificándome como actual Director de Asesoría Legal de ETESA e incluso preguntándome dónde se encontraba mi oficina dentro de ETESA, cuando había dejado de ejercer efectivamente dichas funciones desde el 15 de julio de 2025, es decir, casi dieciséis meses antes.

¿Cómo se explica que una investigación que pretende examinar mi participación en determinadas contrataciones no haya verificado previamente un dato tan elemental como la fecha en que dejé de ejercer las funciones investigadas?

Más preocupante resulta que, pese a haberle explicado expresamente el procedimiento institucional de aprobación de las adendas, el reportaje del 16 de noviembre reprodujera únicamente la parte de mi explicación relativa al Consejo Económico Nacional (CENA), la Contraloría y las gestiones presupuestarias, omitiendo las etapas a lo interno de ETESA: la justificación técnica de la Dirección de Ingeniería, su elevación a la Gerencia General y la aprobación de la Junta Directiva, máximo órgano de gobierno de ETESA.

Asimismo, al citar mi referencia a los traslados de partidas presupuestarias sometidos a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, omitió que expresamente indiqué que esa información provenía de publicaciones periodísticas del propio diario La Prensa.

Estas omisiones no son menores. La presentación incompleta de mis explicaciones impide al lector comprender dónde se originan, sustentan y aprueban las modificaciones contractuales, mientras se destaca mi antiguo cargo como si ello permitiera atribuirme capacidad decisoria sobre tales actuaciones.

Debe resaltarse que las adendas cuestionadas que superaban el 25% del monto contractual y requirieron la aprobación del CENA, corresponden a actuaciones posteriores a mi salida efectiva de ETESA: Contrato GG-077-2022, Adenda n.o 2: 19 de agosto de 2025; Contrato GG- 037-2023, Adenda n.o 2: 19 de agosto de 2025; y Contrato GG-077-2022, Adenda n.o 3: 27 de abril de 2026.

No participé en la revisión jurídica de ninguna de estas tres adendas, pues ya había dejado de ejercer mis funciones en la institución.

Por otra parte, el reportaje del 17 de noviembre destaca una autorización temporal de firma que recibí durante una semana de mayo de 2025, presentándola como indicativa de un considerable poder dentro de ETESA. Sin embargo, dicha autorización no sustituía las competencias de la Junta Directiva ni las demás aprobaciones institucionales exigidas legalmente.

¿Puede el periodista aportar alguna prueba de que, durante ese período, suscribí algún documento o realicé una actuación que desconociera, sustituyera o contraviniera los procedimientos y las competencias legalmente establecidos?

Finalmente, pese a no encontrarme ejerciendo funciones en ETESA cuando se tramitaron las adendas antes señaladas, considero oportuno plantear algunos interrogantes.

¿Investigó el periodista en qué consistían los trabajos adicionales y sus justificaciones técnicas y económicas? ¿Consultó a las autoridades técnicas y a la Gerencia General de ETESA si respondían a necesidades del sistema eléctrico o a proyectos contemplados en el Plan de Expansión (PESIN)? ¿Verificó el cumplimiento del artículo 98 de la Ley 22 de 2006 y las exigencias para su aprobación por el CENA?

Estas preguntas no constituyen una defensa ni un aval de dichas adendas. Mi propósito es destacar que una investigación rigurosa debe examinar los fundamentos técnicos y las decisiones de las autoridades competentes, en lugar de limitarse a señalar incrementos económicos y antiguas relaciones profesionales.

III. SOLICITUD FORMAL DE PUBLICACIÓN

Con fundamento en el artículo 2 de la Ley 22 de 29 de junio de 2005, solicito la publicación íntegra de esta réplica en las ediciones impresa y digital de La Prensa, con espacio y visibilidad equivalentes a los de las informaciones cuestionadas, particularmente la publicada en la edición impresa del 17 de noviembre, y dentro del término legal de cuarenta y ocho (48) horas.

Solicito igualmente que se aclare que mi inclusión en las investigaciones sobre ETESA no constituye, por sí misma, indicio alguno de vinculación con el atentado del 14 de noviembre.

La libertad de prensa merece protección, pero exige también rigor, objetividad y responsabilidad cuando están comprometidos el honor y la reputación de terceros.

Atentamente,

EWALDO PITTI APARICIO

Abogado

Respuesta a Ewaldo Pitti

Comienza el señor Pitti expresando evidente hipocresía en un asunto que no es de su incumbencia. Me pregunto por qué su defensa de las patrañas que solo repiten los alquilados de Ricardo Martinelli. También me empiezo a preguntar qué piensan de ustedes sus hermanos masones cuando pisotea principios e ideales que fundaron este respetable movimiento siglos atrás. ¿O es que solo le gusta vestir el mandil, los guantes, las túnicas y los collares para selfies? Me pregunto: ¿qué piensan sus hermanos masones cuando usted hace fiesta tras el artero atentado a mi casa, con mi esposa en su interior? ¿Es la masonería o es usted, específicamente, el que aplaude la desgracia de las víctimas de un atentado incendiario? ¡Gran ejemplo da usted, sin duda, para los Abou Saad Shriners! Me habría gustado, señor Pitti, ver en su réplica la firma de un masón, porque sería la de un caballero. Pero recibo eso que envió, que refleja el tacto de una explosión y la gallardía de un fugitivo. Y, como no quiero perder más el tiempo, le reitero algunas de las preguntas del cuestionario que le remití hace unos días y que usted no respondió:

¿Por intermedio de quién fue usted nombrado en el cargo de director de Asesoría Legal de Etesa? ¿Fue un nombramiento que vino del gerente general de Etesa o de alguna otra autoridad del Gobierno? Mencione su nombre.

Esos contratos, al haber aumentado –mediante adendas– el monto original de contratación hasta alcanzar incrementos de hasta el 330% o el 80%, ¿no dieron lugar a perjuicios al Estado al impedir que se hicieran nuevas licitaciones?

Puede aclararme si los contratos mencionados fueron adjudicados a Iverco y Neminca en licitaciones públicas en las que hubo competencia o fueron dados de forma directa. De haber habido competencia, ¿puede mencionar los nombres de los otros oferentes en cada uno de los procesos en los que fueron adjudicados los contratos mencionados?

¿Conoce usted a Luis Petrou Santos, José del Carmen Ureña González y Luis Acevedo? Si así fuera, ¿cómo los conoció? También debo preguntarle si conoce a Ismael Gutiérrez.

Estoy seguro de que un masón comprometido con la verdad responderá solo y únicamente con la verdad.

Rolando Rodríguez B.

Periodista

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