Un descontento social ha ocasionado la aprobación de la Ley No. 108 que reforma disposiciones del Código Penal, relativas al hurto pecuario y que aumenta los años de cárcel por la comisión de ese delito.
De acuerdo con Alianza Ciudadana Pro Justicia, tras la aprobación de esa ley el pasado 21 de noviembre “es más grave robarse una vaca que la violación a una mujer, la violencia doméstica, el peculado y la corrupción”.
Y es que la Ley No. 108 establece penas de seis a ocho años de prisión para quienes cometan el delito de cuatrerismo, además de que se debe ordenar la detención inmediatamente del o los involucrados y no tendrán derecho a fianzas de excarcelación.
De acuerdo con las leyes panameñas, el delito de violencia doméstica conlleva penas de 2 a 4 años, mientras que por el delito de peculado hay sanciones de 4 a 10 años y por corrupción y enriquecimiento injustificado va de 3 a 6 años.
Ante ese panorama, el ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, enfatizó que comparar el cuatrerismo con otros delitos como la violación sexual, corrupción, lavado de dinero u otros delitos es “comparar peras con manzanas”, es decir totalmente diferentes.
En ese sentido explicó que “la razón fundamental por la que se sube de 6 a 8 años la condena en adición al escarmiento es para evitar que el cuatrero no tenga fianza de excarcelación”.
‘AHORA MI VACA VALE MÁS’
Nelva Reyes, coordinadora de Espacio Encuentro de Mujeres, señaló a Prensa.com que “es vergonzoso que en pleno siglo XXI tengamos una mentalidad tan retrograda como la que tiene la gente de la Asamblea Nacional”.
Agregó que es deplorable y condenable aumentar una pena a quien se robe una vaca más o igual que el que viola a un ser humano.
Con la aprobación de leyes como esta es que queda evidenciado “que tenemos una Asamblea de diputado que lo que menos le interesa y lo que menos le importa es la vida de las mujeres”, sentenció.
Por parte del Instituto Nacional de la Mujer (Inamu) comunicaron que es de la competencia de la Asamblea Nacional hacer normas y legislar en beneficios de las mayorías y no de esa institución.
Sin embargo, añadieron que definitivamente se hace necesario “buscar alternativas de prevención y atención oportuna para que no haya una muerta más y por ende eliminar la violencia doméstica”.
Inamu, órgano rector de las políticas para erradicar y prevenir la violencia contra la mujer, defendió que el tema de la violencia y la violación de los derechos de este sector de la sociedad “es un tema cultural y estructural, donde se reitera el compromiso de todas y todos los ciudadanos para implementar políticas de conveniencia ciudadana”.
En tanto, Fernando Díaz, de Alianza Pro Ciudad, expresó que “es un tema de lógica simple... por intentar establecer una meta cumplida y quedar bien con un sector importante de la población como lo es el sector agropecuario, se caen en errores tan trascendentales como estos y se pierde la proporcionalidad en el castigo con respecto a la falta que se ha cometido”.
Agregó que efectivamente es un exabrupto que estos delitos de cuatrerismos sean castigados mucho más fuerte que un delito grave como en el caso de las violaciones y de delitos contra la administración pública.
Los tres coincidieron en que es más que necesario y urgente que la sociedad por una parte se involucre más en estos tipos de problemas y por el otro lado que exija a las autoridades a dar respuesta.
Resumieron que se hace necesario que se destinen los recursos necesarios para evitar que las mujeres sean víctima de violencia, llevar adelante un proceso de formación y educación dirigido a la comunidad, realizar campañas permanentes en contra de la violencia hacia las mujeres y controlar el expendio de bebidas alcohólicas.
De acuerdo con las cifras que maneja Espacio Encuentro de Mujeres durante el 2013 se registraron la muerte de 52 muerte a manos de sus parejas, 32 de ellas tipificadas como feminicidio.
En tanto, Inamu reportó que hasta octubre de este mismo año han brindado orientación a un total de 396 mujeres.
Un descontento social ha ocasionado la aprobación de la Ley No. 108 que reforma disposiciones del Código Penal, relativas al hurto pecuario y que aumenta los años de cárcel por la comisión de ese delito.
De acuerdo con Alianza Ciudadana Pro Justicia, tras la aprobación de esa ley el pasado 21 de noviembre “es más grave robarse una vaca que la violación a una mujer, la violencia doméstica, el peculado y la corrupción”.
Y es que la Ley No. 108 establece penas de seis a ocho años de prisión para quienes cometan el delito de cuatrerismo, además de que se debe ordenar la detención inmediatamente del o los involucrados y no tendrán derecho a fianzas de excarcelación.
De acuerdo con las leyes panameñas, el delito de violencia doméstica conlleva penas de 2 a 4 años, mientras que por el delito de peculado hay sanciones de 4 a 10 años y por corrupción y enriquecimiento injustificado va de 3 a 6 años.
Ante ese panorama, el ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, enfatizó que comparar el cuatrerismo con otros delitos como la violación sexual, corrupción, lavado de dinero u otros delitos es “comparar peras con manzanas”, es decir totalmente diferentes.
En ese sentido explicó que “la razón fundamental por la que se sube de 6 a 8 años la condena en adición al escarmiento es para evitar que el cuatrero no tenga fianza de excarcelación”.
‘AHORA MI VACA VALE MÁS’
Nelva Reyes, coordinadora de Espacio Encuentro de Mujeres, señaló a Prensa.com que “es vergonzoso que en pleno siglo XXI tengamos una mentalidad tan retrograda como la que tiene la gente de la Asamblea Nacional”.
Agregó que es deplorable y condenable aumentar una pena a quien se robe una vaca más o igual que el que viola a un ser humano.
Con la aprobación de leyes como esta es que queda evidenciado “que tenemos una Asamblea de diputado que lo que menos le interesa y lo que menos le importa es la vida de las mujeres”, sentenció.
Por parte del Instituto Nacional de la Mujer (Inamu) comunicaron que es de la competencia de la Asamblea Nacional hacer normas y legislar en beneficios de las mayorías y no de esa institución.
Sin embargo, añadieron que definitivamente se hace necesario “buscar alternativas de prevención y atención oportuna para que no haya una muerta más y por ende eliminar la violencia doméstica”.
Inamu, órgano rector de las políticas para erradicar y prevenir la violencia contra la mujer, defendió que el tema de la violencia y la violación de los derechos de este sector de la sociedad “es un tema cultural y estructural, donde se reitera el compromiso de todas y todos los ciudadanos para implementar políticas de conveniencia ciudadana”.
En tanto, Fernando Díaz, de Alianza Pro Ciudad, expresó que “es un tema de lógica simple... por intentar establecer una meta cumplida y quedar bien con un sector importante de la población como lo es el sector agropecuario, se caen en errores tan trascendentales como estos y se pierde la proporcionalidad en el castigo con respecto a la falta que se ha cometido”.
Agregó que efectivamente es un exabrupto que estos delitos de cuatrerismos sean castigados mucho más fuerte que un delito grave como en el caso de las violaciones y de delitos contra la administración pública.
Los tres coincidieron en que es más que necesario y urgente que la sociedad por una parte se involucre más en estos tipos de problemas y por el otro lado que exija a las autoridades a dar respuesta.
Resumieron que se hace necesario que se destinen los recursos necesarios para evitar que las mujeres sean víctima de violencia, llevar adelante un proceso de formación y educación dirigido a la comunidad, realizar campañas permanentes en contra de la violencia hacia las mujeres y controlar el expendio de bebidas alcohólicas.
De acuerdo con las cifras que maneja Espacio Encuentro de Mujeres durante el 2013 se registraron la muerte de 52 muerte a manos de sus parejas, 32 de ellas tipificadas como feminicidio.
En tanto, Inamu reportó que hasta octubre de este mismo año han brindado orientación a un total de 396 mujeres.