Pleno de la Corte niega admisión de queja contra magistrados Mendieta y Sáenz

El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidió negar la admisión de la queja disciplinaria seguida a los magistrados del Segundo Tribunal Superior, Secundino Mendieta y Wilfredo Sáenz, tras los señalamientos del exjuez penal Alexis Ballesteros de haber recibido presiones para favorecer a allegados del expresidente Ricardo Martinelli.



En fallo del 18 de septiembre de 2014, el magistrado ponente Harry Díaz rechazó las quejas que interpuso la Alianza Ciudadana Pro Justicia y Corporación La Prensa, debido a que las mismas se basaban en las acusaciones que hizo Ballesteros en una noticia publicada en el diario La Prensa el 20 de marzo pasado.



En la referida publicación, Ballesteros aseguró que le fue solicitada su renuncia al cargo por no “seguir indicaciones” y revocar el archivo del proceso seguido a cinco trabajadores de la empresa Transcaribe Traiding, S.A. (TCT) por el bloqueo a Corporación La Prensa (Corprensa), ocurrido el 2 y 3 de agosto de 2012.



La decisión se sustenta en el hecho que Ballesteros –al rendir declaración jurada– no se ratificó de los señalamientos que hizo contra Sáenz y Mendieta.



Sobre esta conducta, Ballesteros explicó que no se ratificó porque la finalidad del proceso adelantado por Díaz conllevaría la nulidad o el archivo de la denuncia que él presentó ante la Asamblea contra Sáenz, Mendieta y los magistrados de la CSJ, José Ayú Prado y Alejandro Moncada Luna.



En aquella denuncia –que, en efecto, fue posteriormente cerrada por la Asamblea, como temía Ballesteros-, el ex juez penal dijo haber recibido presiones para fallar en tres casos: el de TCT por el bloqueo a Corprensa; el seguido a la perredista Balbina Herrera por divulgar correos de Martinelli donde se hablaba de compras de equipos de seguridad, y otro que involucra a un familiar de Gabriel Btesh, amigo personal del expresidente.



En su fallo, Díaz también ordenó compulsar copias al Ministerio Público para investigar a Ballesteros por posible delito contra la administración pública, debido a que en su declaración jurada hizo “una serie de improperios y acusaciones temerarias” contra el magistrado ponente.