Un consorcio europeo dedicado a investigar los materiales superconductores acaba de hacer un avance susceptible de "revolucionar la producción de energía renovable", anunció este martes un organismo público español.
El consorcio en cuestión, Eurotapes aglutina a unas veinte universidades, centros de investigación y empresas de nueve países europeos.Desde hace cuatro años investiga estos materiales, que no oponen ninguna resistencia al paso de la corriente eléctrica.
El consorcio ha estado indagando en un nuevo sistema capaz de "producir cintas superconductoras más baratas y eficientes", según resumió en su web el Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona (ICMAB), que coordinó el proyecto.
Concretamente, "Eurotapes ha conseguido producir 600 metros de cinta superconductora con un proceso que reduce el coste de producción", explicó a la AFP por teléfono el coordinador del proyecto, Xavier Obradors, en Barcelona.
"Este material, un óxido de cobre, es como un hilo que conduce cien veces más de electricidad que el cobre", dijo.
"Con este hilo, se pueden generar por ejemplo cables para transportar mucha electricidad sin pérdidas, multiplicando por cinco la potencia, y la otra gran ventaja es que se pueden generar campos magnéticos mucho más intensos que los que hay ahora".A largo plazo, el proyecto podría "revolucionar la producción de energía renovable", aseguró el organismo público.
Y es que "este nuevo material podría servir para equipar generadores eólicos más potentes y más ligeros", explicó Xavier Obradors. De esta forma, añadió, se podría duplicar la potencia de una turbina eólica.Igualmente podría aprovecharse "para una nueva generación de aviones eléctricos, para que pesen menos".
Hasta ahora, los materiales superconductores ideados sólo funcionan con temperaturas extremadamente bajas, y las aplicaciones se limitan a los laboratorios.
Pero la industria ha aprendido a trabajar con temperaturas de hasta 200 grados bajo cero, gracias a unos criogeneradores especiales, asegura Obradors.El proyecto cuenta con un presupuesto de 20 millones de euros, financiado en su mayoría por la Unión Europea.
En él participan organismos y empresas de nueve países: España, Alemania, Francia, Reino Unido, Austria, Italia, Eslovaquia, Rumanía y Bélgica.l