Dos años después de que Jóvenes Unidos por la Educación entregara al Ministerio de Educación (Meduca) el documento denominado “24 Propuestas para el 24”, la evaluación de su avance muestra que la mayoría de los compromisos sigue lejos de cumplirse.
De las 24 propuestas evaluadas entre julio de 2024 y julio de 2026, 21 obtuvieron D o F, las dos calificaciones más bajas en una escala que va de A a F. Solo tres quedaron fuera de esas categorías.
El informe no evalúa la gestión de un ministro o ministra en particular, sino el avance alcanzado en cada una de las 24 propuestas durante ese periodo.
Las tres propuestas que obtuvieron C —la calificación mínima— fueron la implementación de estándares de gestión mediante el Sistema Integral de Mejoramiento de la Calidad de la Educación (Simece), la obligatoriedad de los Derechos Fundamentales de Aprendizaje (DFA) y la institucionalización de la carrera docente.
En esta última se registra el avance más concreto: el Decreto Ejecutivo 56 de 2025 estableció concursos públicos digitales basados en mérito y para 2026 se convocaron unas 3,800 vacantes. La evaluación, sin embargo, señala que aún falta una Ley de Carrera Docente y la evaluación del desempeño.
Lea el informe completo:
La organización utilizó una metodología basada en el Programa de Promoción de la Reforma Educativa en América Latina y el Caribe (Preal).
Las propuestas recibieron la calificación acompañada de una tendencia que indica si hubo avance, retroceso o si no se definió una tendencia.
Yair Velásquez, miembro de Jóvenes Unidos por la Educación, explicó que la evaluación mide las acciones realizadas durante el periodo para avanzar en cada compromiso.
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La descentralización sigue pendiente
Uno de los principales problemas está en la descentralización de la gestión educativa.
Nivia Rossana Castrellón, presidenta de la Fundación para el Desarrollo Económico y Social (Fudespa), sostuvo que no se hicieron los proyectos piloto necesarios para avanzar hacia un modelo descentralizado ni se completó la transferencia de funciones administrativas, financieras y operativas a las regiones educativas.
De acuerdo con la evaluación, nueve de cada 10 directores de centros educativos reportan obstáculos para ejecutar los recursos del Fondo de Equidad y Calidad de la Educación.
“El ministro entrante Ventura Vega tiene una oportunidad de oro de escribir su propia historia, con una línea de base que ya está definida y hecha pública”.
Castrellón señaló que el problema no es solo cuánto dinero se asigna al sector educativo, sino la capacidad de llevar esos recursos a las escuelas y regiones donde están las necesidades.
La organización señala que el plan de descentralización no se ha puesto en marcha y que una resolución ministerial anunciada desde 2023 todavía no ha sido publicada.
Mientras tanto, persisten necesidades básicas en los centros educativos, entre ellas problemas de agua, electricidad e infraestructura.
El dinero está en el presupuesto, pero no se ejecuta
El problema también se refleja en la ejecución de las inversiones.
Al cierre de junio de 2026, el Meduca había ejecutado 9.4% de sus recursos de inversión, frente al 30.5% de ejecución del resto del Gobierno central.
Para Castrellón, el reto no es solo asignar recursos, sino lograr que lleguen y se utilicen a tiempo en las escuelas y regiones educativas.
Carrera docente: un avance, pero con pendientes
En la carrera docente hubo un avance, aunque persisten pendientes.
El Meduca emitió un decreto ejecutivo que institucionaliza la carrera docente mediante concursos públicos basados en méritos.
Sin embargo, Jóvenes Unidos por la Educación considera que todavía hace falta un marco legal más sólido.
“La descentralización sigue sin llegar a las escuelas: los directores aún enfrentan trabas para ejecutar los recursos que tienen asignados.”
Velásquez explicó que se necesita una ley que establezca los perfiles de entrada y salida de la carrera docente, el escalafón salarial y mecanismos para garantizar las competencias de los educadores.
La organización advierte que un decreto ofrece menor protección frente a cambios de gobierno que una norma aprobada mediante ley.
Formación docente: otro pendiente
Velásquez plantea que las universidades deben actualizar sus programas de formación para responder a las necesidades educativas actuales.
También considera necesario fortalecer la coordinación entre las universidades y el Meduca para verificar la información de los egresados, la autenticidad de los diplomas y el cumplimiento de los requisitos utilizados en los concursos docentes.
La capacitación continua no debería limitarse a jornadas previas al inicio del año escolar, sino responder a las necesidades específicas de docentes y estudiantes en cada región educativa.
¿Cómo saber si los estudiantes están aprendiendo?
La evaluación también señala problemas para medir los aprendizajes.
Durante el periodo analizado no se realizaron evaluaciones censales nacionales que permitan conocer de manera amplia el nivel de aprendizaje de los estudiantes.
Panamá tampoco participó en PISA 2025; su última participación fue en 2022.
El Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE), cuyos resultados posteriores a la pandemia fueron publicados por la Unesco en 2025, aporta información sobre los aprendizajes, pero no permite determinar específicamente cuánto afectó la huelga docente de 2025 a los estudiantes panameños.
Sin mediciones recientes, queda una pregunta difícil de responder: ¿cuánto están aprendiendo los estudiantes y cuánto aprendizaje se perdió durante los años de interrupciones educativas?
490 días de clases perdidos
El informe “Un Sexenio Perdido”, elaborado por Jóvenes Unidos por la Educación y Fudespa, contabilizó 490 días de clases perdidos entre 2020 y 2025 debido a las interrupciones educativas acumuladas.
En 2025, la huelga docente mantuvo cerradas las escuelas oficiales durante más de dos meses y afectó especialmente a estudiantes de Bocas del Toro, Colón y las comarcas.
Para Jóvenes Unidos por la Educación, recuperar ese tiempo requiere identificar, mediante evaluaciones, cuáles son las mayores brechas de aprendizaje y dónde están los estudiantes más afectados.
Las cuatro prioridades
Descentralizar la administración del sistema educativo.
Recuperar las evaluaciones de aprendizaje.
Destrabar la ejecución presupuestaria.
Garantizar escuelas seguras y dignas, especialmente en las comarcas.
Una agenda que comenzó en 2019
“24 Propuestas para el 24” tienen como antecedente las “19 Propuestas para el 19”, presentadas en 2019 a los candidatos presidenciales y posteriormente al gobierno de Laurentino Cortizo.
La nueva agenda, presentada el 24 de enero de 2024 en el auditorio del Tribunal Electoral, actualizó esas propuestas e incorporó nuevas tareas que surgieron de los diálogos con organizaciones de la sociedad civil.
El documento fue organizado en tres áreas: gestión e inversión; aseguramiento de la calidad y equidad; y formación docente.
El 1 de agosto de 2024, las propuestas fueron entregadas formalmente a la entonces ministra de Educación, Lucy Molinar.
La Prensa solicitó una versión al Meduca sobre el tema, pero al cierre de la edición no hubo respuesta.
