La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) descartó que los proyectos inmobiliarios Ocean Front y Sea Point, que se levantan en el área de Paitilla, corregimiento de San Francisco, hayan tomado espacio marino del Estado para levantar sus obras.
Esto es lo que se asegura en un informe técnico remitido el pasado 14 de septiembre a la Alcaldía de Panamá, en el que la AMP señala que luego de realizar el levantamiento topográfico para ubicar las líneas de propiedad de los proyectos cuestionados se comprobó la legalidad de las edificaciones. En el documento se indica que ambas construcciones “están siendo levantadas dentro de sus respectivas fincas privadas y guardando el límite de su propiedad”.
El Ocean Front será un edificio de 40 pisos con dos apartamentos por nivel, mientras que el Sea Point estará compuesto por tres torres de 30 plantas y 108 apartamentos.
Los dos contarán con área social, gimnasio, piscina entre otras facilidades.
RESIDENTES MOLESTOS
La situación generó disconformidad entre los vecinos del área. De hecho, el grupo Soy Paitilla, que defiende los derechos de los vecinos de esa zona, emitió un comunicado ayer en el que aseguró que “la AMP facilitó la apropiación de servidumbre del mar”.
Además, plantean que el informe “es poco técnico y pobre” y lo que refleja es que la actuación de la AMP está “ajustada para beneficiar a las empresas promotoras” —Pacific Hills, promotora de Ocean Front, y Desarrollo Bahía de Sea Point—.
Los vecinos aseguraron en el comunicado que lo actuado va en detrimento de la comunidad, el ambiente y los intereses del Estado.
Darío Vásquez Wolf, uno de los voceros de los vecinos de Paitilla, informó que prevén contratar a una firma privada para que se haga una nueva medición.Añadió que presentarán las acciones legales ante las entidades correspondientes, ya que en la comunidad de Paitilla no cabe un edificio más, pues el sistema de alcantarillado y acueductos está colapsado.
NORMAS
Con la medición realizada, los vecinos exigían que se cumpliera con la Resolución No. 234-2005 del 16 de agosto de 2005, que en su artículo 1 establece que toda construcción “deberá establecer una servidumbre pública de acceso mínimo de 12 metros a lo largo de dicha playa, paralela a la servidumbre de 10 metros de alta marea”.
Frente a la situación, Gonzalo Barrios, director de Obras y Construcciones de la Alcaldía, reiteró que la Resolución No. 234-2005 es aplicable únicamente para urbanizaciones o parcelaciones nuevas. “En el caso de Paitilla, es una zona que se desarrolló hace más de 50 años y en ese momento se establecieron las calles, lotificación, usos de suelo, así que esa norma no es aplicable en este caso”.
Por su parte, el alcalde José Isabel Blandón dijo que el resultado ha sido claro y agregó que los residentes están en todo el derecho de presentar los recursos que ellos consideren necesarios.
ARGUMENTOS
El abogado Jorge Gavrilidis, de Pacific Hills, promotora de Ocean Front, indicó que los resultados de la AMP y la posición de la Alcaldía, responden únicamente a las normas urbanísticas.
“Ya tenemos más de un año afrontando un proceso administrativo en la AMP, tratando de dilucidar esta situación y nuestra posición siempre ha sido la misma: no estamos invadiendo espacio marítimo ni tomando la servidumbre y así ha quedado en evidencia”.
En tanto, Luis Carlos Vidal, abogado de Desarrollo Bahía, indicó que “una vez más se ha demostrado ante las autoridades que todo lo hecho es legal”.
Ambos rechazaron las acusaciones de los moradores de que están siendo beneficiados, dado que los dos han enfrentado procesos en otras instituciones como los ministerios de Comercio e Industrias, Salud y Ambiente, llegando todos a la conclusión de que se están cumpliendo las normas.
URGEN CAMBIOS
Tanto el urbanista Álvaro Uribe como el arquitecto Ulises Lay, miembro de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos, sugirieron realizar modificaciones a las normas urbanísticas actuales con el fin de que se adapten a los cambios y al crecimiento que enfrenta el país.
Lay planteó que en este caso particular, la esencia del problema radica en que se está viendo más el valor de la tierra, que la realidad de infraestructura de la zona.
Mientras que Uribe dijo que “si las autoridades respetaran el principio de que el bien particular no puede primar sobre el interés colectivo, los problemas serían menos”.
