El contrato para explotar los negocios en la cinta costera, otorgado de manera directa por la pasada administración del Ministerio de Obras Públicas (MOP) a la empresa Norberto Odebrecht, es analizado por las autoridades. Lisa Khan, asesora legal de la entidad, explicó que se adelantan negociaciones con los representantes de la compañía, ya que el contrato no tiene orden de proceder.Añadió que “estamos en conversaciones para definir si darán la orden de proceder para que ejecute el contrato o si –por el contrario– nos conviene licitar la administración de estas áreas comerciales”.Manifestó que la decisión se tomará la próxima semana en una reunión entre ambas partes, aunque no precisó el día.El contrato se firmó en marzo de 2014 y fue refrendado por la Contraloría General en abril.
El documento establece que la empresa administrará los cinco quioscos o gazebos ubicados en la avenida Balboa, los cuales podrían utilizarse para el expendio de comidas, bebidas, exhibiciones y actividades de esparcimiento.
Además, Odebrecht estará a cargo de los dos edificios cerrados en el relleno turístico conocido como Mirador del Pacífico, destinados para restaurantes.
La constructora brasileña, señala el contrato, deberá presentar un informe mensual al MOP sobre el estado de los contratos privados de uso y explotación, así como la recaudación esperada y cualquier eventualidad que registren las actividades.
NUEVA LICITACIÓN
El extitular del MOP Benjamín Colamarco y el presidente de la comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal de la Asamblea Nacional, José Domínguez, coincidieron en que lo más razonable y oportuno es convocar a una licitación.
Colamarco explicó que cuando se construyó la primera fase de la cinta costera, en 2009, se estableció que los cinco quioscos serían licitados para que los ganadores también se encargaran del mantenimiento de los baños en esas áreas.
En tanto, el diputado Domínguez consideró “que el procedimiento que se haga debe ajustarse a las leyes”.
Mientras que Gerónimo Espitia, coordinador de la Comisión de Urbanismo de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos, expresó que “es un acto inmoral que un bien público se esté dando en concesión a una empresa privada”.
A su juicio, todos los espacios públicos deben ser administrados por la Alcaldía de Panamá, como lo establece el artículo 233 de Constitución de la República.
PACTO ORIGINAL
Los servicios de gestión asignados a la empresa Odebrecht, según el contrato, tienen un período de duración de tres años, por el cual se pagaría al Estado una mensualidad de $8 mil 250, lo que al final se traduce en un desembolso de $297 mil por tres años.
El documento estipula que los locales podrán utilizarse para el expendio de comidas y bebidas, así como para exhibiciones y actividades de entretenimiento.
Se señala que es responsabilidad de Odebrecht fijar las reglas “estéticas uniformes por tipo de actividad” que permitan a los ciudadanos gozar una buena experiencia al visitar las áreas comerciales, así como controlar que los arrendatarios cumplan dichas normas durante todo el período de utilización de los quioscos y restaurantes.
De igual modo, se establece que la constructora presente un informe mensual al MOP sobre el estado de los contratos privados de uso y explotación, así como la recaudación esperada y cualquier eventualidad que registren las actividades.
Este medio intentó obtener la posición de la empresa Odebrecht, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.