La violencia doméstica contra las mujeres tiene costos directos e indirectos, aunque en Panamá, como en otros países de la región, no existen cifras que permitan cuantificar el gasto económico que representa este problema social, toda vez que no se ha realizado un diagnóstico científico.
Liriola Leoteau, directora del Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), explicó que la violencia contra la mujer tiene costos políticos, económicos, sociales y educativos.
Para tratar de dimensionar este problema, detalló que el solo hecho de contratar a un abogado para que lleve el proceso contra el maltrador, por el tiempo que este dure, le costará a una mujer entre $5 mil a $7 mil.
Precisó que aunque la atención en alguno de los tres albergues existentes y una casa de atención no tiene costo para las mujeres, para el Estado la creación, operación y mantenimiento de estas estructuras puede llegar hasta $1 millón anual.
La funcionaria dijo que otro tipo de gastos que se tienen que contabilizar son los de bolsillo, es decir, los hechos por las propias mujeres al momento de buscar atención, o por familiares en casos de feminicidios.
“Solo en el sepelio de estas mujeres se puede gastar 5 mil dólares”, sostiene en un acercamiento a estos gastos de bolsillo el Diagnóstico sobre la respuesta institucional en situaciones de violencia doméstica, sexual y feminicidio, costo, magnitud y calidad de los servicios existentes, elaborado por el Inamu y el proyecto Alianza por una Vida sin Violencia, del Fondo de Población de Naciones Unidas (Unfpa, por sus siglas en inglés).
Agrega que en las atenciones en los centros de asistencia privada, según la magnitud del evento, estos gastos podrían llegar hasta $70, de acuerdo con la atención médica que demande la agresión.
Cuando se entienda que la violencia afecta el desarrollo económico y social del país, se empezará a poner una verdadera atención a este problema social, afirmó la activista Teresita de Arias.
Adujo que el costo de la violencia dentro del aspecto laboral se traduce en los días en que una mujer debe ausentarse del trabajo, porque los golpes que le propinaron le impiden llegar a laborar, o la situación que vive la mantiene en una profunda depresión.
MEDICIÓN DEFICIENTE
Por su parte, la socióloga boliviana Sonia Montaño dijo que los países desarrollados han medido los costos de la violencia en general, lo que no ocurre con las naciones de la región donde no existe información para realizar una medición rigurosa.
Sin embargo, explicó que existen algunos lineamientos que pueden servir para realizar estos estudios, como es el caso del número de días que una mujer se tiene que ausentar de su trabajo luego de un evento de violencia doméstica.
Añadió que esta medición, como las de atención de salud, por ejemplo, pueden llevar a un subregistro, porque no todas estas mujeres trabajan y no todos los países cuentan con una cobertura de salud total.
Otra que consideró que medir económicamente este delito no es tan fácil es la presidenta de la Coordinadora para el Derecho Integral de las Mujeres, Itzel Torres, quien señaló que la connotación del costo de la violencia contra las féminas también incluye otras atenciones, como el judicial y penitenciario.
Un informe reciente del Observatorio de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá indica que hasta el pasado mes de agosto se denunciaron 44 mil delitos, de los cuales el 30.4% fue por violencia doméstica.
