La tarea de integrar a la sociedad a los jóvenes con algún antecedente delictivo se ha convertido en un reto para las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública, quienes piden el apoyo del sector empresarial.
Actualmente, unos mil 576 jóvenes inscritos en el programa Barrios Seguros han sido capacitados; sin embargo, no han logrado una plaza laboral.
Pandillas: el reto es su inclusión
El principal reto que tiene el Ministerio de Seguridad Pública es luchar contra las 204 pandillas que operan en el país, y que agrupan a unas 7 mil 500 personas.
A raíz de esta situación, hace 20 meses la entidad inició el programa Barrios Seguros, que busca reducir la violencia pandillera mediante la capacitación en algún oficio de los delincuentes que están dispuestos a desarmarse y reintegrarse a la sociedad.
Las estadísticas del Ministerio de Seguridad Pública indican que desde agosto de 2014, cuando se puso en marcha el proyecto, hasta el pasado 30 de marzo, habían ingresado a este programa un total de 4 mil 10 jóvenes de 15 años de edad en adelante.
De ese total, se han graduado o capacitado a 2 mil 44, pero solo 320 han sido integrados a la sociedad.
De estos últimos, 215 fueron colocados en el sector productivo o laboral, y 53 continúan sus estudios de nivel primaria, premedia o media.
Las cifras oficiales también especifican que 52 están en espera de contrato, mientras que otros mil 524 jóvenes están en la misma situación, tras haber completado todo el proceso.
En tanto, 200 abandonaron el programa voluntariamente o fueron retirados del sistema por ir en contra de los parámetros, como vender los bonos de 50 dólares que quincenalmente se les entrega, o por cometer algún acto delictivo.
PIDEN OPORTUNIDAD
Adolfo Guerra, de 34 años de edad, residente en Patio Pinel, corregimiento de Santa Ana, donde opera una de las más grandes y peligrosas pandillas del país, es uno de los integrantes de Barrios Seguros que pide una oportunidad laboral.
Guerra contó que en abril de 2015 ingresó al programa, culminó el proceso de capacitación en septiembre y lleva seis meses a la espera de que le ofrezcan una oportunidad de trabajo.
“Yo fui encarcelado durante 13 meses por el delito de pandillerismo, entre 2008 y 2009”, dijo.
Agregó que después de ser liberado se le impuso una medida cautelar en la que debía notificarse cada 15 días, pero pese a ello logró obtener una plaza de trabajo en la Caja de Seguro Social, que luego perdió.
Ahora, con el programa Barrios Seguros, recibió atención psicológica, fue orientado respecto a las relaciones interpersonales y se le capacitó en soldadura, no obstante, no ha tenido suerte para conseguir un empleo.
“El Gobierno hizo un pacto con nosotros, ellos nos exigen buen comportamiento y calificaciones para conseguirnos un empleo. Lo hicimos, dimos lo mejor de nosotros, y ahora nos tienen esperando”, afirmó.
TAREA POR HACER
Ante este panorama, Abelardo Muñoz, coordinador general de Barrios Seguros, reconoció que ubicar plazas de trabajo para estos jóvenes no es tarea sencilla.
Añadió que el problema radica en que no han tenido un apoyo del sector empresarial para hacer efectiva esta última fase.
“Hacemos un llamado al sector para que nos apoyen y le den una oportunidad al programa”, dijo Muñoz.
Respecto a la percepción de que Barrios Seguros ha sido poco efectivo, sostuvo que “no hay forma de medir este tipo de ayudas sociales, porque se trata de vidas humanas”.
Además, hizo referencia a las estadísticas de criminalidad que actualmente maneja el Ministerio de Seguridad Pública, las cuales dan cuenta de una disminución en delitos como homicidios, robos, hurtos y violaciones.
Para Roberto Troncoso, expresidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, la falta de asistencia se puede deber, entre otras cosas, a la disminución de la fuerza laboral de algunas compañías y al tema de inseguridad.
Sin embargo, estimó que “todo hombre es rescatable”, y que en efecto debe haber una coordinación entre todos los sectores para darle una oportunidad a estos jóvenes.
En tanto, Severino Mejía, exviceministro de Gobierno y Justicia, estimó que el país requiere de una política criminológica de manera permanente, que debe estar integrada por medidas de prevención, atención a la familia y educación.