El Gobierno puso en marcha la elaboración de una base de datos para unificar –bajo una misma plataforma tecnológica– a los beneficiarios de los programas sociales de transferencias monetarias pagados con fondos públicos.
La medida figura en la Ley 54 del 8 de noviembre de 2016 publicada en la Gaceta Oficial 28156-B, aprobada en la Asamblea Nacional y refrendada por el presidente de la República, Juan Carlos Varela y el ministro de Desarrollo Social, Alcibíadez Vásquez.
"Esta ley tiene como objetivo general promover la incorporación de los beneficiarios de los programas de transferencias monetarias del Estado en un solo sistema, aumentando así la transparencia y equidad del gasto", señala el texto de la ley.
A través de este nuevo registro, el gobierno busca eliminar la duplicidad de registros, clasificar a la población que cumpla con los criterios de elegilibidad para subsidios, dar seguimiento a beneficios de los subsidios para formular políticas públicas y monitorear los pagos, añade el texto.
La base de datos estará a cargo del Ministerio de Desarrollo Social. Esta será de acceso restringido.
La ley provee además sanciones para los funcionarios que divulguen información confidencial de esta base de datos.
La norma contempla que todas las instituciones del Estado deberán enviar a los administradores de este registro, la información que sea requerida.
Sin embargo, se especifica que en lo concerniente al Tribunal Electoral, esta institución no podrá entregar la filiación política del beneficiario.
Dentro de los programas de beneficiarios que serán administrados en esta base de datos están la Red de Oportunidades, los bonos entregados por la Secretaría Nacional para el Plan de Seguridad Alimentario y Nutricional, 120 a los 65 y subsidios a personas con discapacidad severa.
Una reglamentación posterior a esta ley está prevista de elaborarse.
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