El Consejo de Gabinete autorizó al ministro de Gobierno, Milton Henríquez, a presentar ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley para modificar la Ley No. 82 de octubre de 2013, que establece los mecanismos generales para la prevención y protección de las mujeres víctimas de violencia.
Henríquez explicó que a través de esta modificación se elimina la facultad que tiene el Ministerio de Gobierno de imponer multas a aquellos medios de comunicación social que incurrieran en ciertas violaciones definidas en la Ley No. 82, trasladando esa responsabilidad a la esfera judicial.
Esta propuesta de Gabinete llega de luego que el pasado 4 de noviembre el Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información, el Consejo Nacional de Periodismo y la Asociación Panameña de Radiodifusión expresaron su más profunda preocupación y rechazo por la intención del gobierno del presidente Juan Carlos Varela de atribuirle a la llamada “Dirección para la Promoción de la Libertad de Expresión” facultades que buscan regular los medios de comunicación, su contenido editorial y por ende la libertad de expresión en modificaciones a la Ley No. 82.
La reacción de los gremios también surgió luego de que se conociera de la “propuesta borrador de normas que reglamentarán los artículos de la Ley No. 82 de 2013, que atribuyen responsabilidad al Ministerio de Gobierno en temas de medios de comunicación social”.
Ante esa situación, los gremios mencionados recuerdan que Panamá, por ser miembro de la Organización de los Estados Americanos, es suscriptor de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo que obliga al respeto incondicional de sus principios.
En tanto, la actual iniciativa del Ministerio de Gobierno propone que la responsabilidad de imponer las multas se traslade específicamente a la jurisdicción civil.
Además, que la jurisdicción civil tenga “la facultad de dirimir los conflictos y establecer responsabilidades ante la posible colisión de los derechos de las mujeres y de las personas con discapacidad”.El Ministerio de Gobierno enfatizó que es de la opinión que “la demanda en contra de un medio de comunicación, que supuestamente haya incurrido en discriminación o cualquier tipo de violencia contra la mujer definida en la Ley 82 de 2013 o en actos expresamente señalados en la Ley 42 de 1999, deba ser de conocimiento de la jurisdicción civil a través de un proceso sumario”.También la propuesta busca garantizarle el derecho constitucional de acceso a la justicia a la persona afectada por cualquier acto de violencia definida en la Ley 82 de 2013.
