El procurador de la Administración, Rigoberto González, envió ayer una nota a las autoridades del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), en la que les solicitó información respecto al proceso de consulta ciudadana que realizó la institución para aprobar 42 cambios de uso de suelo en la comunidad de Obarrio, corregimiento de Bella Vista.
González explicó que hizo la petición dadas las denuncias de residentes de la zona, quienes aseguran que no se cumplió con la etapa de consulta ciudadana.
La nota del procurador fue recibida por el Miviot en horas de la tarde; sin embargo, la entidad informó que no daría declaraciones sobre el tema, pues el viceministro de Ordenamiento Territorial, Juan Manuel Vásquez, vocero oficial en este caso, está fuera del país y no regresa hasta el día de mañana.
MIVIOT DEBE SUSTENTAR PROCESO
Las autoridades del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) deberán brindar un informe completo respecto al proceso de consulta ciudadana que se desarrolló en la comunidad de Obarrio, corregimiento de Bella Vista, y que permitió el cambio de uso de suelo en 42 fincas de esa zona.
Y es que el procurador de la Administración, Rigoberto González, envió ayer una nota al Miviot y le solicitó información respecto a la citada consulta pública, que es obligatoria y que permite validar el proceso.
González precisó que hizo la petición “en virtud de los principios de legalidad, transparencia, eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios públicos”, y en el contexto de las denuncias de vecinos de la zona, quienes aseguran que no se cumplió con la consulta.
A juicio del procurador, esta es una información relevante, porque si el Miviot no hizo las consultas, pero sí los cambios, “hay un cuestionamiento que se le puede hacer a la institución”.
En la nota, González solicitó a las autoridades del Miviot, por ejemplo, información sobre el día y lugar en que se hizo la consulta, la cantidad de personas que participaron y las actas del evento.
Según explicó, esta solicitud es un proceso independiente a la demanda de nulidad que presentó el alcalde del distrito capital, José Isabel Blandón, contra la Resolución No. 123-2016 del Miviot, que cambió el código de zonificación de 42 fincas: de baja y mediana densidad a residencial de “alta densidad” y “mixto comercial urbano de alta densidad”.
La demanda fue presentada en julio ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia y quedó radicada en el despacho del magistrado Luis Ramón Fábrega.
La Alcaldía argumenta que el Miviot no es competente para autorizar los cambios de uso de suelo, según la Ley 14 de 2015.
CONTROVERSIA
Aunque en declaraciones anteriores a este medio el viceministro de Ordenamiento Territorial, Juan Manuel Vásquez, ha asegurado que sí hubo participación ciudadana, el representante de dicho corregimiento, Ricardo Domínguez, aseguró que no fue así.
Manifestó que nunca fue incluido en los planes del Miviot y tampoco la comunidad fue parte de ninguna consulta ciudadana.
“Que yo sepa, no me enteré de ninguna consulta”, dijo el edil, y agregó que no fue sino hasta que ya habían sido aprobados los cambios cuando supo del asunto.
El representante se alineó con Blandón y dijo que los cambios de zonificación no son competencia del Miviot.
En este sentido, se buscó nuevamente al Miviot, pero el jefe de prensa de la institución, Jesús Morales, indicó que el autorizado para hablar del tema es el viceministro Vásquez, quien se encuentra fuera del país y no regresa hasta mañana.
CUESTIONAMIENTOS
Para el exministro de Vivienda Francisco Sánchez Cárdenas, la situación “es preocupante”, porque se trata de una zona que está densamente poblada y en la que ya no cabe una persona o un vehículo más.
Estimó que esa comunidad no puede recibir más comercios o residenciales, debido a que tiene una infraestructura totalmente colapsada, por lo que lo actuado “no está bien y tampoco huele bien”.
Sánchez Cárdenas agregó que esta decisión va a desmejorar la calidad de vida de los vecinos de esa comunidad.
En tanto, la también exministra de Vivienda Balbina Herrera consideró que la situación se dio a raíz de una falta de coordinación entre ambas autoridades.“Aquí no cabe decir que uno o el otro es el responsable, sino que no se actuó de manera coordinada” entre ambas instituciones, dijo Herrera.
Lo mismo opinó el arquitecto Tomás Sosa, representante de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos ante la Junta Municipal de Planificación de la ciudad de Panamá.
Desde su punto de vista, lo actuado por el Miviot concluye un proceso de ordenamiento territorial que se inició en el año 2012, previo a la vigencia de la Ley 14 del 21 de abril de 2015, que da la potestad a la Alcaldía de hacer los cambios de uso de suelo.
“Aquí, lo que está faltando es una buena comunicación entre los representantes del Miviot y el Municipio”, advirtió.
De igual forma, expresó que la puesta en vigencia de la Ley 14 “no puede ser automática” por la naturaleza del tema, y debe haber una fase de transición que se debe ejecutar de manera ordenada entre las partes involucradas.