El médico, investigador y jefe de Infectología del Hospital del Niño José Renán Esquivel, Xavier Sáez-Llorens, abrió un espacio para conversar con este diario sobre el virus que mantiene en alerta a organismos de salud internacionales y locales.
¿Es el zika un grave problema de salud?
Se trata de una enfermedad emergente en el continente americano que causó una alarma de salud pública no por sus síntomas -que son pocos-, sino porque en Brasil se asocia, cuando ocurre en el primer trimestre de gestación, con el desarrollo de fetos con microcefalia, cabezas pequeñas. Normalmente había 5 casos por 10 mil nacimientos vivos, pero en unos 8 meses subió a 100 por cada 10 mil nacimientos vivos, precisamente en áreas con presencia del virus.
¿En Brasil qué hallazgos se han reportado?
Descubrieron que además de las cabezas pequeñas —menos de 32 centímetros— había anormalidades neurológicas, tenían nódulos de calcio en el cerebro y alteraciones morfológicas, problemas de desarrollo cerebral y el 30% de los niños también afectados en la retina.
¿Por qué la alarma?
Por la microcefalia y todas las implicaciones neurológicas asociadas y el síndrome de Guillain Barré, que afecta a personas de cualquier edad. Se vio un aumento de este síndrome en Brasil y Colombia.
¿Cuál es el reto para el país?
El reto es el control del vector porque no hay tratamiento y hasta ahora no hay manera de identificar a quién le ha dado. Esto es un problema serio porque debe haber una razonable cantidad de embarazadas que a lo mejor no saben que han sido infectadas en el primer trimestre de gestación. Eso lo vamos a descubrir cuando empiecen a nacer estos niños.
¿Pueden haber más casos que los reportados por las autoridades de Salud?
De cada persona con síntomas hay cuatro que no los tienen y pueden estar enfermos. Si, por ejemplo, hay 94, se multiplica por 4, lo que podría dar 376 porque como la enfermedad es benigna hay mucha gente que, aun con síntomas, no busca atención médica.
¿Esto va a ser un problema de salud pública?
Por supuesto, por el costo. Esto implica la atención y rehabilitación de estos niños para el Estado, pero también para las familias.