Representantes de los gobiernos locales del país han planteado propuestas para reformar la Ley 37 de 2009, sobre descentralización con el objetivo de “fortalecer la autonomía” de los municipios y juntas comunales y garantizar que “la descentralización responda verdaderamente a las necesidades de cada comunidad”.
Durante cinco sesiones organizadas por la Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Nacional, alcaldes y representantes participaron en mesas de trabajo donde se debatieron ajustes a la normativa actual. Estas jornadas marcaron el inicio de un proceso de reforma a la ley y en medio de las investigaciones que llevan adelante las autoridades tras el escándalos de la “descentralización paralela”
La presidenta de la Asociación de Municipios de Panamá (AMUPA), Nadín González, subrayó la necesidad de que la futura legislación contemple una clasificación, a su juicio, más justa de los municipios. “No todos los distritos enfrentan las mismas condiciones. Es crucial que la ley considere factores como la población, el desarrollo económico, la geografía, los niveles de pobreza y los servicios disponibles”, afirmó.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Alcaldes de Panamá (ADALPA), Miguel Batista, destacó el ambiente constructivo de las sesiones. “Se discutieron propuestas importantes, especialmente sobre la asignación y transferencia de recursos desde el gobierno central hacia los municipios, así como la descentralización de responsabilidades”, expresó.
El diputado Jorge Herrera, presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, aseguró que la reforma debe ir más allá del aspecto técnico. “El fortalecimiento de los gobiernos locales debe estar acompañado de transparencia, participación ciudadana y mecanismos efectivos de rendición de cuentas”, indicó. También adelantó que se llevarán a cabo giras nacionales para recoger más insumos directamente desde las comunidades.
A las sesiones asistieron representantes de entidades clave como la Contraloría General de la República, la Autoridad Nacional de Descentralización (AND), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), así como miembros de la Coordinadora Nacional de Representantes de Corregimientos (CONARE).
El pasado 15 de agosto, José Raúl Mulino, instó a las 754 juntas comunales y municipios que recibieron fondos de la descentralización a presentar informes detallados. Resulta que en el quinquenio pasado, las juntas comunales recibieron 320 millones de dólares de la descentralización paralela. Unas 39 no habían rendido informe, hasta el pasado mes de enero, sobre el uso del dinero que le fueron transferidos. Tanto la Contraloría como el Ministerio Público llevan adelante una investigación.
