La Arquidiócesis de Panamá presentó este 22 de septiembre una evaluación sobre su actuación frente a las denuncias de abusos sexuales contra menores de edad y personas adultas en situación de vulnerabilidad entre 2001 y 2025.
En los archivos de la institución constan 37 denuncias. De ese universo, 24 corresponden a casos en los que la Arquidiócesis tenía una responsabilidad evaluable. En nueve de esos casos hubo al menos una víctima menor de edad y en 11, personas adultas en situación de vulnerabilidad.
Las denuncias analizadas corresponden a abusos sexuales vinculados a miembros o ámbitos de la iglesia Católica y que fueron conocidos por la Arquidiócesis. La institución mantenía documentación de esos casos, lo que permitió al equipo investigador revisar cómo fueron recibidos, gestionados y, cuando existía constancia, investigados.
El arzobispo metropolitano de Panamá, José Domingo Ulloa, pidió perdón por los casos en los que miembros de la Iglesia causaron daño y por las ocasiones en que la respuesta institucional no estuvo a la altura de lo que las víctimas necesitaban y tenían derecho a esperar.
“Donde miembros de nuestra Iglesia causaron daño, allí donde nuestra respuesta institucional no estuvo a la altura de lo que las víctimas necesitaban y tenían derecho a esperar, pedimos perdón en nombre de la Iglesia”, afirmó Ulloa durante la presentación del informe.
La investigación fue realizada por un equipo académico internacional e interdisciplinario de la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos, y de la Universidad Villanueva, en España. El equipo examinó la actuación institucional desde los ámbitos jurídico-canónico, clínico, psicológico, teológico-pastoral, comunicacional y sociocultural.
El padre Jordi Pujol, coordinador de la Comisión de Transparencia, explicó que durante buena parte del periodo analizado la gestión estuvo centrada en el procedimiento y en el acusado, mientras que la víctima comenzó a recibir mayor atención solo recientemente.
“Durante años, los casos se gestionaron alrededor del procedimiento y del acusado; la evaluación concluye que la víctima quedó relegada y que todavía hay vacíos para reconstruir qué ocurrió”.
Siete casos con investigación documentada
En los archivos consta la entrevista al acusado en ocho casos y a la víctima en dos.
Pujol explicó que, en una primera etapa, algunos casos fueron gestionados de manera privada entre el arzobispo y el sacerdote involucrado.
A partir de 2015 aumentaron los procedimientos y la documentación, pero la evaluación encontró que no existe una trazabilidad completa de los casos.
De los 24 casos en los que la Arquidiócesis tenía una responsabilidad evaluable, en siete consta una investigación documentada y en dos existe una resolución.
No se encontró constancia escrita de que esas resoluciones fueran notificadas a las partes. Tampoco fue posible reconstruir en todos los casos qué consecuencias se impusieron a los responsables ni cómo fueron supervisadas.
“Es responsabilidad de las instituciones establecer mecanismos adecuados de prevención y detección y de propiciar la intervención oportuna de las autoridades cuando los hechos puedan constituir delitos”.
Pujol aclaró que la falta de documentación no permite concluir que haya existido impunidad, pero sí dificulta reconstruir lo ocurrido y determinar cómo se tomaron las decisiones y qué seguimiento tuvieron.
La justicia civil tampoco siempre puede reconstruirse
La evaluación encontró dificultades para determinar qué ocurrió con los casos ante las autoridades civiles.
Pujol explicó que las obligaciones de denuncia ante la justicia civil cambiaron durante los 25 años examinados. En algunos expedientes no es posible determinar si la situación fue comunicada a las autoridades competentes.
“No podemos afirmar ni negar la colaboración”, señaló.
Para Pujol, esta falta de información constituye una deficiencia del sistema que debe corregirse.
En ninguno de los 24 casos consta una medida de reparación
El informe también encontró un vacío en la reparación a las víctimas.
En ninguno de los 24 casos analizados consta que se haya documentado una evaluación del daño sufrido por la víctima y, a partir de ella, una medida de reparación.
Pujol identificó una experiencia completa de acompañamiento realizada en 2015 por una congregación religiosa. Ese caso, explicó, demuestra que era posible ofrecer acompañamiento a la víctima bajo las normas y procedimientos vigentes en ese momento.
La víctima, un cambio todavía reciente
Pujol explicó que el derecho canónico todavía no reconoce a la víctima como parte dentro de los procesos.
En 2019 se eliminó el secreto pontificio para los casos de abusos sexuales, lo que permitió una mayor comunicación de información a las víctimas, pero no resolvió las deficiencias encontradas en los expedientes.
La evaluación encontró que la documentación sobre la participación de las víctimas sigue siendo limitada. La posibilidad de escuchar y acoger a una víctima, aclaró Pujol, nunca estuvo prohibida.
45 personas conocieron o sospecharon casos
Entre los consultados se obtuvieron 383 respuestas. De ese grupo, 45 personas dijeron conocer o sospechar de situaciones relacionadas con abusos sexuales, pero solo 21 comunicaron esas situaciones.
Entre los obstáculos identificados aparecen la falta de claridad sobre cómo presentar una denuncia, el temor a represalias, la percepción de que denunciar no serviría de nada y la presión para proteger a la institución.
La evaluación también incluyó consultas a personas externas y autoridades públicas como parte del análisis de la respuesta institucional.
Desde 2024, la Arquidiócesis cuenta con la Pastoral del Cuidado y Prevención y con una Oficina de Escucha. Sin embargo, Pujol señaló que todavía es demasiado pronto para valorar el funcionamiento de estas estructuras, por su reciente creación.
La evaluación reconoce que la Arquidiócesis ha mejorado su capacidad de respuesta frente a las denuncias, pero plantea la necesidad de fortalecer la prevención y actualizar las directrices establecidas en 2015.
24 recomendaciones, seis prioritarias
El equipo formuló 24 recomendaciones agrupadas en cuatro áreas: trazabilidad de los casos; atención y derechos de las víctimas; prevención y formación; y gobernanza y rendición de cuentas.
Para los próximos 12 meses se identificaron seis recomendaciones prioritarias.
Entre ellas están establecer un sistema único de registro y trazabilidad de los casos, completar y organizar los expedientes y colocar a la víctima en el centro de la respuesta institucional.
También se plantea contar con una persona de enlace que mantenga informada a la víctima durante el proceso y fortalecer las medidas de acompañamiento y atención.
Pujol aclaró que las recomendaciones no constituyen decisiones ya adoptadas. Corresponde al arzobispo y a sus colaboradores determinar cuáles serán implementadas y de qué manera.
