La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) canceló el pasado 21 de mayo la licitación para el servicio de gestión y cobranza de la recaudación y cartera morosa de la entidad, cuyo precio de referencia era de $3,750,000.
La cancelación se da en la misma semana en que el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, giró instrucciones a las instituciones públicas para “suspender los actos de licitación, adquisiciones, contrataciones públicas y cualquier iniciativa de gasto nuevo”.
También advirtió que “el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se abstendrá de emitir certificaciones de partidas solicitadas por las entidades para las actividades antes mencionadas”.
La licitación, que fue publicada el 22 de febrero del año en curso, buscaba tercerizar el servicio de cobranza, tanto de la recaudación como de la cartera morosa la cual supera los $20 millones y según el pliego de cargo, era por un periodo de cinco años con posibilidad de renovación si ambas partes estaban de acuerdo. El contrato abarcaría todo el periodo de la nueva administración del presidente electo, José Raúl Mulino.
Además, establecía que el valor del servicio contemplaba el cobro de una comisión al éxito entre el 10% y 25%, que se calcularía sobre el incremento de la recaudación, con la base fija de referencia que en este caso eran los $3,750,000.
A la reunión de homologación, realizada el pasado 13 de marzo, participaron las empresas Lilian Contact Center Corp., Tytsa, S.A., Legal Recovery, Ultratech Inc, S.A., Archivos y Procesos, S.A., Energeza S.A., y Alinatech S.A.
Este es el segundo acto público que cancela el director de la ATTT, Carlos Ordoñez, en este año. Se trataba de la administración financiera del sistema de movilización masiva de pasajeros en la ciudad, integrado por el Metrobús y el Metro de Panamá, cuyo monto millonario era $257 millones.
La razón de la cancelación se debió a que los requisitos del pliego de cargos “requerían ser revisados” para lograr su mejor comprensión.
En un comunicado, el MEF le recuerda a las entidades públicas cumplir con lo dispuesto en el artículo No. 15 de la Ley No. 34 de 2008, de Responsabilidad Social Fiscal, que “prohíbe a las entidades públicas en los últimos seis meses de Gobierno contraer obligaciones nuevas que no cuenten con suficiente asignación presupuestaria y que no puedan ser pagadas durante el mismo período fiscal”.
