El mar viene poniendo a prueba a las grandes ciudades, zonas costeras, en áreas rurales y a aquellas poblaciones indígenas y afrodescendientes, que, por siglos, lo han visto como un gran aliado. Incluso, ese escenario se agravará.
El Ministerio de Ambiente (Miambiente) llevó a cabo un estudio para el desarrollo de una base de datos de “dinámicas marinas” en las costas panameñas, el cual tiene como fin evaluar impactos y vulnerabilidad por ascenso del nivel del mar. Sus resultados, presentados esta semana, dieron cuenta que el país debe prepararse para la realidad que se avecina y que ya impacta algunas áreas.
Los hallazgos
Según la investigación, en los próximos años se registrará un ascenso de nivel del mar estimado, entre 0.27 metros en el mar Caribe y 0.19 metros en el océano Pacífico. El análisis fue realizado con una proyección a mediano plazo, es decir 2050, y se tomó como referencia el sexto informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático.
La lista de los sitios que podrían verse afectados es extensa. Por ejemplo, precisa las zonas con más impactos serán: isla Carenero, Changuinola y Bastimento, en la provincia de Bocas del Toro; área turística en Boca Chica y Pedregal, en Chiriquí; Río Hato, Natá y Aguadulce, en Coclé; y París, Parita y Llano Bonito, en Herrera.
También están isla Iguana, en Los Santos; Portobelo y Santa Isabel, en Colón; La Palma y Garachiné en Darién; Punta Chame y playa Leona, en Panamá Oeste; Tocumen y Juan Díaz, en Panamá; así como en las islas de la comarca Guna Yala.
De acuerdo con la entidad ambiental, este trabajo consistió en levantar una base de datos de las dinámicas marinas con cobertura a lo largo de toda la costa de Panamá, que permita conocer las condiciones actuales y evaluar el aumento del nivel medio del mar al 2050.
En palabras del ministro de Ambiente, Milciades Concepción, Panamá es “muy vulnerable” ante el cambio climático y evidencia riesgos, con lo cual es importante ser resilientes.
A su vez, dejó un mensaje en materia de planificación urbana y ordenamiento territorial: “De aquí en adelante ese análisis de riesgo climático debe estar en toda la planificación de los proyectos. Esto debe ser una política pública en el país”.
Al respecto, Ligia Castro de Doens, directora Nacional de Cambio Climático de Miambiente, subrayó que comenzaron a presentar los resultados del estudio al sector gubernamental.
Casos notables
El caso más llamativo en el país en lo relacionado con el aumento del nivel de las aguas marinas es el de la isla de Cartí Sugdup, en la comarca de Guna Yala. Hace 10 años, en esta área indígena no se hablaba de una crisis climática o amenazas asociadas a la naturaleza. Hoy es un tema de conversación que llega incluso al Congreso General Guna, máximo organismo de la región.
En la isla Cartí Sugdup el hacinamiento y el aumento del nivel del mar se conjugan, en detrimento de su población. Allí hay unas 300 familias que deben ser trasladadas a tierra firme, a un complejo de viviendas de interés social, cuyo avance está en 75% y que se llama Nuevo Cartí.
La obra fue licitada en 2018 por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) y retomada por la actual administración en 2019, pero suspendida debido a la pandemia de la covid-19 hasta septiembre de 2020, cuando se ordenó la reactivación de la construcción en Llano Cartí.
Para el dirigente indígena guna, Atencio López, es “triste” ver cómo el mar durante los últimos años viene cubriendo algunos islotes pequeños y también ocasionando inundaciones en las islas, cuando hay fuertes vientos y oleajes.
“Era algo que no veíamos con anterioridad”, dijo.
En el otro extremo del país, específicamente en el distrito de Kusapín, comarca Ngäbe Buglé, sus pobladores también observan cómo, en los últimos 12 años, las olas muestran un mayor tamaño y, en algunos casos, han tenido que abandonar sus viviendas en la costa y adentrarse a tierra firme.
Allí se lanzó un proyecto para la reducción del riesgo climático y resiliencia en los asentamientos humanos en este distrito. El mismo consiste en la elaboración de mapas de riesgo, así como la construcción de la visión de desarrollo del municipio.
