La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, anunció este martes 1 de julio la apertura de unas 2,500 vacantes para el nuevo sistema de justicia comunitaria, como parte de la implementación de la Ley 467 sancionada en abril pasado por el presidente José Raúl Mulino.
La convocatoria, que fue dada a conocer previo a la elección de la nueva directiva de la Asamblea Nacional, está dirigida tanto a abogados con más de 25 años como a ciudadanos que hayan culminado su bachillerato. Los interesados deben registrar sus hojas de vida en el sitio web oficial: www.empleospanama.gob.
“El Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Trabajo y todos los ministerios, bajo el liderazgo del presidente Mulino, tenemos la obligación de generar empleos”, destacó la ministra Muñoz.
Esta masiva contratación responde a la transformación del sistema de jueces de paz en un nuevo modelo de justicia comunitaria impulsado por la Ley 467. A partir de su promulgación, el Ministerio de Gobierno será el ente rector de todos los jueces comunitarios, estableciendo una nueva jerarquía y requisitos más estrictos.
Durante la sesión del Consejo de Gabinete Ampliado celebrada en Chitré, el pasado 24 de abril, la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, explicó que esta ley corrige las deficiencias del sistema anterior: “Cambiamos lo que es justicia comunitaria de paz, jueces de paz; la transformamos en justicia comunitaria, porque todas las personas que iban allí iban con un conflicto”.
El presidente Mulino también expresó, en su momento, que fue víctima de un mal manejo judicial por parte de una jueza de paz en la provincia de Los Santos, durante más de tres años, en un caso de tierras. Criticó duramente al sistema anterior por carecer de control y formación jurídica:
“Esto no es el juzgado de la juez Polo. Me alegra que esta ley venga con la renovación completa de todos esos jueces de paz inútiles —en su mayoría—, salvo honrosas excepciones”.
Con la nueva legislación, todos los jueces deberán ser abogados y estarán bajo supervisión directa del Ministerio de Gobierno, buscando garantizar mayor eficiencia y legalidad en los procesos de resolución de conflictos comunitarios.
