La noche del 9 de mayo se registraron fuertes enfrentamientos entre la Policía Nacional y los docentes que conforman la Asociación de Educadores Veragüenses (AEVE), junto con otros gremios, quienes se manifestaban en contra de la Ley 462, que reformó la Caja de Seguro Social (CSS).
La dirigencia de la AEVE denunció en redes sociales que unidades de la Policía Nacional reprimieron a las personas que participaban en la manifestación, entre las cuales había educadores, adultos mayores, niños, personas con discapacidad y miembros de comunidades originarias. Señalaron que los manifestantes fueron rodeados, se les lanzó gases lacrimógenos e incluso algunos fueron retenidos.
“La Casa del Educador fue sitiada como si se tratara de un cuartel enemigo y, como si no bastara, debajo del puente 19 de Julio, un mitin completamente pacífico fue atacado nuevamente por la policía sin piedad, sin importar que allí había menores de edad, ancianos y ciudadanos indefensos”, indica el comunicado de la AEVE.
#DenunciaAbusoDeDDHH 9 de Mayo, brutal represión de la policía nacional en Santiago de Veraguas contra multitudinaria marcha pacífica del pueblo de Santiago. Afectaciones a niños, adultos mayores y población de los barrios aledaños a la calle 10ma y otras. pic.twitter.com/5odf5CVcu1
— Derechos Comunes (@DerechosComunes) May 10, 2025
La acción fue repudiada por la diputada independiente Janine Prado, quien indicó que “el uso indiscriminado de gases lacrimógenos por parte de la Policía Nacional afectó a familias inocentes en barriadas como La Hilda, Urracá y Las Delicias en Santiago”.
Expreso mi profunda preocupación y rechazo al uso indiscriminado de gases lacrimógenos por parte de la Policía Nacional, que ha afectado directamente a familias inocentes en al menos tres barriadas, La Hilda, Bda Urracá y Las Delicias, en Santiago.
— janine (@janineprado06) May 10, 2025
No se puede tolerar que…
Prado hizo un llamado al diálogo ante la tensa situación que se vive en Santiago, donde las protestas han afectado a comunidades vulnerables compuestas por adultos mayores, niños y personas enfermas. Señaló que hay infiltrados encapuchados generando actos violentos que ponen en riesgo la vida de manifestantes y civiles, como ocurrió con la niña golpeada en la cabeza en un incidente reciente.
La diputada criticó el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional y subrayó que muchos manifestantes son ciudadanos pacíficos, incluyendo maestros y santiagueños que protestan legítimamente. Pidió a los dirigentes evitar acciones que den pie a represiones y recordó que reprimir violentamente no puede justificarse.
Asimismo, instó al Ejecutivo y a sus representantes provinciales a abrir espacios de diálogo con los gremios, antes de que la situación escale.
Otro diputado que rechazó las medidas de fuerza implementadas por la Policía Nacional fue el panameñista Francisco Brea, quien, a través de sus redes sociales, señaló que “el uso desmedido de la fuerza ha ido más allá de emplearse contra quienes ejercen su legítimo derecho a protestar: también afecta a quienes no lo hacen”.
¿Qué sentido tiene llenar de veneno cada una de las calles del distrito de Santiago? El uso desmedido de la fuerza ha ido más allá de emplearse contra quienes ejercen su legítimo derecho a protestar: también afecta a quienes no lo hacen. Incluso ha generado un impacto económico…
— Panchito Brea (@BreaPanchito) May 10, 2025
Por el momento, en Santiago las calles amanecieron en calma; no se han registrado manifestaciones por parte de los educadores.
Luis Sánchez, dirigente de la AEVE, informó que hoy están sosteniendo un encuentro con dirigentes comarcales, así como con otros gremios magisteriales, en la sede de la asociación.
En tanto, la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá hizo un llamado para que las autoridades instalen un “diálogo urgente y necesario”. De no concretarse, los pueblos indígenas a nivel nacional anunciaron que se sumarán de manera masiva y progresiva a las acciones de protesta en todo el país.
La posición de los originarios y los docentes se mantiene en solicitar la derogación de la Ley 462, la no reactivación de la mina y la anulación del memorándum con Estados Unidos.
