Cciap sobre los cierres de vías: ‘las pérdidas económicas y oportunidades desperdiciadas son incalculables’

“Los cierres de calles que venimos sufriendo los panameños recientemente, en lugar de avanzar las causas por las que supuestamente se obstruye el tráfico, terminan generando perjuicio a miles de panameños honestos que se presentan diariamente a sus puestos de trabajo o están justamente en la calle ganándose su sustento”.

Este fue parte del pronunciamiento realizado por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), en torno a las recientes manifestaciones ciudadanas en rechazo al contrato entre el Estado y Minera Panamá, que ya es la Ley 406 de 2023.

En la columna dominical La Cámara Opina, la organización subrayó que cada vez que se obstaculiza una calle se perjudica a ciudadanos que se desplazan a sus trabajos, escuelas o negocios, lo que significa la cancelación de miles de entrevistas de trabajo, clases escolares, citas médicas y pérdidas económicas considerables. “Especialmente para emprendedores, micro y pequeñas empresas que son los más afectados por estos cierres. Las pérdidas económicas y las oportunidades desperdiciadas son incalculables, mientras que los únicos beneficiarios parecen ser aquellos que, sin importar lo que hagan, tienen garantizada una remuneración”, añadió.

La Cciap enfatizó que cuando se bloquean las calles de manera indiscriminada se limita el espacio para el diálogo constructivo y se debilita la posibilidad de forjar alianzas que impulsen cambios significativos. Por ello, en lugar de cerrar calles, el gremio empresarial hizo un llamado a los manifestantes a explorar métodos de protesta que permitan la libre circulación de las personas y el acceso a los servicios esenciales. “Demandar la mejora de determinadas situaciones es crucial, pero no a expensas de afectar adversamente a terceros”, señaló.

Esta semana también el Consejo Nacional de la Empresa Privada manifestó el rechazo a los cierres de calles como método de protesta. “Esas prácticas afectan la convivencia ciudadana, produce daños irreversibles a la productividad del país, principalmente a la micro, pequeña y mediana empresa, afectando además a terceros que, en democracia, tienen el derecho a ejercer el libre tránsito, el cual debe ser garantizado por las autoridades”, indicó la agrupación en un comunicado.

Por su parte, el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares ha manifestado que, pese a que el contrato minero ya fue sancionado por el presidente de la República Laurentino Cortizo y publicado en Gaceta Oficial, la lucha en las calles va a continuar. De igual forma, los gremios magisteriales han llamado a los educadores a concentrarse en distintos puntos del país este lunes 23 de octubre de 2023.

Getzalette Reyes

Portadista