Las dificultades para acceder a la justicia, las denuncias de discriminación racial, las restricciones a la libertad sindical y los riesgos que enfrentan los defensores ambientales fueron algunas de las preocupaciones expuestas por organizaciones de la sociedad civil organizada durante el último día del período 197 de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), celebrado este viernes 30 de octubre en Panamá.
La reunión se realizó en el Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), donde el organismo internacional celebró durante la semana 29 audiencias sobre los principales desafíos de la región en materia de derechos humanos.
Activistas, familiares de víctimas y representantes de organizaciones sociales expusieron situaciones que consideran vulneraciones de sus derechos y solicitaron a la Comisión dar seguimiento a sus denuncias.
Coiba entre los temas tratados
Durante la primera intervención se denunció la situación de las personas privadas de libertad en la isla de Coiba. Una representante de los reclusos advirtió sobre las dificultades para acceder a servicios médicos especializados, alimentación adecuada, agua potable y contacto presencial con familiares y abogados.
También manifestó preocupación por la seguridad de los internos durante el terremoto del pasado 9 de octubre, debido a que las instalaciones se encuentran cerca del mar. Según su denuncia, los privados de libertad permanecieron encerrados en sus celdas durante el movimiento sísmico, sin que se realizara una evacuación preventiva.
Reclamos por justicia y reparación
Representantes de familiares de personas asesinadas y desaparecidas durante la dictadura militar denunciaron que han transcurrido siete años desde que se alcanzó un acuerdo con el Estado panameño, en junio de 2019, sin que se cumplan integralmente los compromisos relacionados con la memoria histórica y las reparaciones morales y económicas.
También participaron representantes de víctimas de la invasión estadounidense de 1989, quienes solicitaron avances en los mecanismos de reparación y el cumplimiento de las recomendaciones del sistema interamericano.
Por otra parte, organizaciones ambientales denunciaron obstáculos para desarrollar sus actividades, entre ellos los procesos judiciales que enfrentan el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) y Adopta Bosque, que, según señalaron, han afectado sus recursos económicos.
Durante el encuentro también se plantearon preocupaciones sobre discriminación racial en centros educativos, restricciones a la libertad sindical, violencia contra las mujeres y dificultades de participación de comunidades indígenas ante proyectos de desarrollo.
Concluyen las sesiones
Las denuncias de la sociedad civil se sumaron a los temas examinados durante las 29 audiencias celebradas del 26 al 30 de octubre.
Entre los asuntos abordados estuvieron las condiciones de las personas privadas de libertad en El Salvador bajo el estado de excepción, las denuncias sobre restricciones a la libertad de expresión en Estados Unidos, los discursos de odio contra la población LGBTIQ+ y las dificultades de acceso a anticonceptivos de emergencia en Honduras.
En las audiencias también participaron líderes indígenas y activistas que denunciaron riesgos para sus comunidades derivados de la explotación de minerales críticos en América Latina y cuestionaron que los acuerdos se adopten sin transparencia.
Las sesiones finalizaron con el análisis de casos relacionados con Colombia y Paraguay, sobre el asesinato del alcalde colombiano Eudaldo León Díaz Salgado, en 2003, y la destitución del expresidente paraguayo Fernando Lugo mediante un juicio político en 2012. Las preocupaciones expuestas durante el encuentro con la sociedad civil quedaron planteadas ante el organismo internacional para su consideración.
