Una “auditoría social” efectuará la Contraloría General de la República, conjuntamente con la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Panameña al plan Panamá solidario, con la intención que cumpla con sus objetivos.
El contralor general de la República, Gerardo Solís, y el presidente de la Conferencia Episcopal Panameña, Rafael Valdivieso Miranda, firmaron el convenio de cooperación.
La Conferencia Episcopal Panameña, a través de la Comisión de Justicia y Paz, está realizando un llamado a los voluntarios de la Iglesia católica para que participen de la auditoría de las bolsas de alimentos y del bono.
Para cumplir con ese convenio, según un comunicado de la Contraloría, la Iglesia católica creará equipos de voluntarios en sus diócesis para establecer líneas de acción que garanticen una veeduría ciudadana.
Por su lado, Contraloría General de la República habilitó para uso exclusivo de ese proyecto de auditoría social una sección en su página web para el ingreso de denuncias y aportar evidencias de irregularidades.
La ciudadanía, en cualquier punto del país, podrá formular sus denuncias a los auditores sociales, aportando pruebas mediante fotos, videos y testimonios.
Admitida una denuncia debidamente sustentada, la primera acción será enviar una carta de advertencia a las autoridades locales, primeros responsables de velar por la distribución equitativa de las bolsas de alimentos y bonos solidarios y posteriormente se iniciará una investigación.
