El país sigue bajo tensión. Por 10 días consecutivos, docentes, indígenas, ambientalistas, obreros y ciudadanos han llevado a cabo protestas masivas y cierres de vías a lo largo de la carretera Panamericana debido a la aprobación del polémico contrato entre el Estado y Minera Panamá.
A las medidas de fuerza se unió la Asociación Nacional de Enfermeras de Panamá (Anep), la cual acordó irse a un paro de labores escalonado.
Elydia Espinosa, presidenta de la Anep, subrayó que la medida empezará a regir a partir de este jueves 2 de noviembre con la intención de rechazar las actividades mineras en el país. Agregó que este paro aplicará para la consulta externa y el nivel primario de atención, a nivel nacional.
Con esto, las enfermeras hacen lo mismo que gremios médicos como la Comisión Médica Negociadora Nacional y la Asociación de Médicos Especialistas del Hospital Santo Tomás, así como los educadores que habían declarado un paro de labores.
Las enfermeras han participado activamente en las manifestaciones y marchas en rechazo a la polémica aprobación y sanción de la Ley 406 del 20 de octubre de 2023.
Desfiles suspendidos
Por su parte, el Ministerio de Educación (Meduca) dio a conocer este martes que se posponen−de forma temporal− los desfiles patrios oficiales del 3, 4 y 5 de noviembre próximo (mes de la Patria).
Comunicamos a la comunidad educativa y al país que, luego de conversaciones y acercamientos con los padres de familia y directores de escuelas oficiales y particulares, se tomó la decisión de posponer temporalmente los desfiles patrios del 3, 4 y 5 de noviembre próximo. pic.twitter.com/3Z6C5u2IZY
— Ministerio de Educación de Panamá (@MeducaPma) October 31, 2023
La decisión se tomó luego de conversaciones de los padres de familia y directores de escuelas oficiales y particulares con la Comisión Nacional de Desfiles Patrios, en medio de las protestas masivas en todo el país en rechazo a la Ley 406 del 20 de octubre de 2023.
La Comisión Nacional de Desfiles Patrios, presidida por la Dirección General de Educación del Meduca, informó también que recibió múltiples solicitudes de la comunidad educativa quienes, ante los acontecimientos de los últimos días, compartieron su preocupación “por las condiciones de seguridad y salvaguarda de los estudiantes, y la propia comunidad, que conmemora los acontecimientos históricos con fervor patriótico”.
La entidad subrayó que como regente de la educación en el país “siempre respetará los derechos de la comunidad educativa, por cuanto, se dispondrá resguardar la seguridad de todos sus integrantes”.
Crece malestar
Varias organizaciones y movimientos se unieron ayer martes a las voces que reclaman la derogatoria del contrato minero.
Uno de ellos fue el Consejo de Rectores de Panamá, que concentra a universidades oficiales y privadas, el cual solicitó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que declare la inconstitucionalidad del contrato minero.
“Todos los estratos sociales de la nación, en ejercicio del derecho democrático a la libre expresión de las ideas, reclamamos con urgencia notoria que la Corte Suprema de Justicia de Panamá declare la inconstitucionalidad de la Ley 406 de 20 de octubre de 2023, de ser jurídicamente viable”, resalta el documento firmado por Joaquín Villar-García, presidente del Consejo de Rectores.
De hecho, resaltan, esta decisión sería “la única condición que puede devolver la paz, la tranquilidad y la soberanía que se nos ha pretendido arrebatar como pueblo en nuestra hoy convulsionada nación”.
Mientras que el movimiento Sal de las Redes, uno de los grupos que lidera las movilizaciones contra la minería, pidió ayer a la CSJ que falle en las demandas de inconstitucionalidad contra el contrato.
También exigió a la Asamblea Nacional que el proyecto de ley presentado para establecer una moratoria minera incluya los términos que propuso el Centro de Incidencia Ambiental de Panamá (CIAM), que incluye las 15 solicitudes de concesión ya existentes y el plan de cierres de minas.
En cuanto al Órgano Ejecutivo, le pidieron que cese con la “cruel represión policial hacia las manifestaciones” en todo el país.
Los detenidos
En nueve días de protestas ciudadanas en contra de la Ley 406 de 2023, unas 816 personas −entre hombres y mujeres− han sido aprehendidas por la supuesta comisión de los delitos de vandalismo y daños a la propiedad, entre otros.
Así lo informó la Policía Nacional en un reporte en el que detalló que, del total de detenidos, 708 son adultos y 108 menores de edad. Hasta el momento se ha logrado judicializar a estas personas ante el Ministerio Público y en los despachos de los jueces de paz, tras los sucesos cometidos en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Veraguas y Chiriquí.
Según el informe, en estos días de protestas han resultado afectados 62 comercios y 36 instituciones gubernamentales, entre ellos, oficinas, cámaras de vigilancia y estaciones del Metro de Panamá. Y hasta ahora se reportan 39 agentes policiales lesionados (9 por agresión física, 22 con objeto contundente y 8 con armas de fuego).
En la tarde, continuaron las protestas y cierres en todo el país. Por ejemplo, hubo concentraciones en los predios de la Asamblea Nacional, también en el parque Porras y la cinta costera. Igualmente, se mantenían cierres de vías en provincias como Coclé, Veraguas, Chiriquí y Panamá Oeste.
