El flujo de migrantes irregulares que este año ha tenido como uno de sus epicentros a la comarca Guna Yala, ha generado malestar entre esta población indígena. Algunos de sus líderes piden una mejor respuesta a las autoridades responsables del asunto.
Y es que cifras del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) dan cuenta que en 2022 ha detenido y procesado a 12 gunas por el delito de tráfico ilícito de migrantes.
No obstante, dirigentes de esta comarca señalan que no todos son “coyotes”, como quieren hacer ver las autoridades, ya que en algunos casos, ante la acumulación de migrantes en la comarca, se han tenido que ofrecer como guías para llevar a los viajeros a la provincia de Darién, donde están los albergues.
Un grupo de líderes indígenas de la comunidad costera de Carreto, en Guna Yala, se encuentra en la ciudad de Panamá con el fin de conocer el estatus de varios de los detenidos. En las últimas semanas, esta ha sido una de las áreas donde más han llegado los migrantes procedentes de Colombia.
En palabras de Anelio López, uno de los dirigentes del Congreso General Guna, hasta hace poco las comunidades gunas de Armila, Aswemullu y Yansibdiwar (Carreto), ubicadas en la zona fronteriza, no habían sido afectadas por la crisis migratoria, pero la situación cambió en los últimos meses.
De acuerdo con López, en algunas de estas comunidades la población de migrantes sobrepasa la cantidad de residentes, lo que genera un hacinamiento y problemas como falta de alimentos y medicinas para los caminantes.
Por su parte, Atencio López, asesor legal del Congreso Guna, subrayó que están colaborando para que se aclare lo ocurrido con los gunas detenidos por supuesto tráfico de migrantes, y resaltó que este flujo inesperado de migrantes, sin control, está generando contaminación en ríos y áreas protegidas, así como daños en los sembradíos y las viviendas.
El balance del dirigente indígena fue el siguiente: “esto es una bomba de tiempo, pues no hay alimentos y salud para ellos. Los verdaderos ‘coyotes’ los traen de Colombia, los tiran por allí y luego es un problema para nosotros, que luego tenemos que hacer una labor humanitaria, pero no podemos manejar estos grandes flujos de personas”.
También dijo que tienen buenas relaciones con el Senafront, pero en este aspecto no se están entendiendo.
Entre enero y junio de 2022 han ingresado al país, por la frontera entre Panamá y Colombia, 48 mil 430 migrantes irregulares, según el Servicio Nacional de Migración.
Actividad ilegal
Sobre el tema, autoridades del Senafront comunicaron que tanto la trata como el tráfico de personas son delitos penados por la ley y con consecuencias, en términos y condenas graves.
Añadieron que la norma penal panameña castiga el tráfico de migrantes como un delito de lesa humanidad y, al trasladarlos por distintos lugares de la selva, se está cometiendo el delito de tráfico de migrantes.
Sobre la queja de las comunidades indígenas de que están dejando acumular grandes cantidades de migrantes en la comarca, afirmaron que tienen la capacidad de manejar el asunto y lo han demostrado desde las primeras oleadas migratorias en 2011 y en sus picos en 2015 y 2016.
“Han sido atendidas de manera diligente no solo con un norte humanitario, pero también atendiendo los aspectos de seguridad y salud. El Servicio Nacional de Fronteras siempre está un paso adelante, anticipando los cambios de ruta y de modalidad. Así lo ha demostrado en la actualidad y durante la pandemia, donde el escenario cambió por completo”, apuntó la institución a través de un comunicado, y agregó que se trata de una zona peligrosa con 5 mil 790 kilómetros cuadrados.
Además, las autoridades indicaron que cuentan con el apoyo de otras entidades para enfrentar las principales preocupaciones, como los temas ambientales, hurtos y la disposición de desechos, entre otras. Entre esas instituciones están el Ministerio de Ambiente, la Defensoría del Pueblo, la Agencia de Naciones Unidas para la Infancia y el Servicio de Migración.
Hasta el momento, el Senafront y otras organizaciones han sostenido cuatro reuniones de alto nivel con sahilas, comuneros, directores y ministros.
Igualmente, las autoridades del Senafront detallaron que la Brigada Caribe ha destinado más “capacidad humana” para atender estas situaciones y se procura que la estadía de migrantes sea por un periodo reducido de tiempo, con el fin de impactar lo menos a estas comunidades indígenas.
