La escena era de película: 25 personas acostadas boca abajo en una de las playas del corregimiento de Pacora, cada uno con una pala a su lado, mientras eran custodiados por agentes de la Policía Nacional.
No era cualquier playa. Se trataba del humedal bahía de Panamá, el cual fue declarado área protegida en febrero de 2015, por su importancia para las aves migratorias, la pesca del país y la biodiversidad del océano Pacífico.
Ya en junio de 2015, cuatro meses después que el humedal bahía de Panamá fue declarado reserva ecológica, La Prensa dio a conocer que traficantes de arena y piedra se habían adueñado de valiosas playas de Pacora, las cuales debían ser conservadas.
La Ley 1 de 2015, por la cual se declara área protegida el humedal bahía de Panamá, prohíbe “la remoción, tala, desmonte, relleno, extracción y cualquier otra actividad que afecte el flujo hidrológico de los manglares”.
Ahora, ocho años después, todo indica que esta actividad ilícita se mantuvo todo este tiempo en desarrollo en la apartado corregimiento.
La investigación
Elmer Caballero, jefe de la Dirección Nacional de la Policía Ambiental, Rural y Turística (Dinapart) de la Policía Nacional, en entrevista con La Prensa, detalló que fueron unos ocho meses de trabajo, entre labores de inteligencia y la parte judicial.
“Se puso de conocimiento al Ministerio Público hace cinco meses y se inició la investigación. Fueron 25 personas las aprehendidas y seis camiones retenidos”, acotó.
Se le consultó a Caballero si maneja información sobre quién es el propietario de estos camiones y cuál era el costo del material extraído, pero prefirió no dar más detalles porque forma parte de la investigación. No obstante, dejó claro que es un “negociado” detrás del cual hay grupos organizados, así como sucede con la tala ilegal de madera.
Hace ocho años, este medio pudo constatar que el negocio con la arena en la reserva natural estaba generando miles de dólares a los dueños de areneras, concreteras y camiones, así como a los moradores del área este de la capital, que abarca los corregimientos de Pacora, 24 de Diciembre, Tocumen, Las Mañanitas y Pedregal. Durante un día de recorrido por el área se observaron unos 30 camiones ingresando y saliendo de aquella playa. Luego se le dio seguimiento a los vehículos, los cuales accedían a concreteras, ferreterías y casas particulares, donde entregaban el material.
Para tener una idea, el precio de cada yarda cúbica de arena oscila entre 43 y 48 dólares, dependiendo del comercio, y cada camión puede transportar por viaje entre 14 y 16 yardas cúbicas, lo que al final del día puede traducirse en miles de dólares diarios si hace varios viajes.
Mediante la #OperaciónArena2 en la playa de Pacora, unidades policiales junto a la @PGN_PANAMA aprehenden en flagrancia a 25 personas presuntamente vinculadas al delito Contra Los Recursos Naturales. #SinTregua pic.twitter.com/mmSKrL08rg
— Policía Nacional (@ProtegeryServir) June 23, 2023
De acuerdo con el jefe de la Dirección Nacional de la Policía Ambiental, Rural y Turística, la actividad que se estaba dando en esa zona afecta los ecosistemas, con lo cual el daño a la biodiversidad era evidente.
Otros casos
Caballero se refirió a que actualmente el área este de la provincia de Panamá es uno de los puntos donde más delitos ambientales se reporta, los cuales van desde extracción de arena y piedras hasta tala ilegal y tráfico de especies silvestres.
De hecho, el tráfico de fauna silvestre es el cuarto negocio ilícito más rentable del mundo, después del tráfico de drogas, el de armas y el de personas, según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
“Nosotros hicimos una operación en Chimán donde se deforestaron 15 hectáreas para extraer madera conocida como cocobolo y otras especies valiosas”, aportó Caballero, quien agregó que la madera tenía un valor millonario.
Contó que actualmente, los casos que más atiende la Dinapart son tala ilegal, tráfico de especies silvestres y minería ilegal, la cual, además de destruir el cauce de los ríos, los contamina con el uso de químicos. También están la pesca ilegal y los incendios forestales.
La Policía Ambiental tiene presencia en todo el país, pero últimamente se viene concentrando en provincias como Darién, Panamá, Colón y Coclé y la frontera entre Panamá y Costa Rica.
De momento, cuenta con unos 150 agentes, pero espera aumentar la cantidad de colaboradores en los próximos años en unos 100 más. “También contamos con el apoyo del Ministerio Público, Ministerio de Ambiente y la Dirección de Investigación Judicial”, sostuvo Caballero.
En 2022, el Ministerio Público atendió 400 casos relacionados con delitos contra el ambiente y el ordenamiento territorial, lo que supone un promedio de por lo menos uno por día. Este año, entre enero y abril, se han reportado 103 casos de delitos ambientales.
