Un total de 258 escuelas, de 3 mil 102 que hay en el país, fueron inspeccionadas por la Defensoría del Pueblo, previo al inicio del año escolar el pasado 10 de marzo, con el fin de que se garanticen los derechos de los niños y adolescentes.
El equipo de la Defensoría del Pueblo tras visitar los centros educativos, evidenció las deficiencias en cuanto a problemas relacionados con infraestructura, suministro de servicios públicos (agua y luz), la insuficiencia de recurso humano y la falta de mobiliario, entre otras, que fueron presentadas al Ministerio de Educación (Meduca).
El documento al que tuvo acceso La Prensa muestra que los problemas persistentes son los relacionados con el tema estructural, como lo son: la construcción, mejoramiento o mantenimiento de aulas de clases, baños, comedores, laboratorios, gimnasios, cercas o muros perimetrales, losas deterioradas y rampas de acceso para personas con discapacidad.
Se debe priorizar que todos los centros educativos, cuenten con los servicios públicos de calidad (agua potable, energía eléctrica e internet).
Eduardo Leblanc, defensor del Pueblo
En cuanto a los servicios públicos, algunos de estos centros educativos mantienen inconvenientes con el agua potable, ya que carecen de tanques de reserva de agua y otros presentan problemas de fluctuaciones eléctricas, puesto que el sistema es muy antiguo.
El documento precisa que de las 258 escuelas inspeccionadas, 125 (48%) presentaban la falta de construcción de aulas de clases, 120 (46%) escuelas sin fuentes de aguas, 112 ( 43%) sin gimnasios, 111 (43%) con filtraciones en el techo, 105 (41%) sanitarios en mal estado o inexistentes, entre otras deficiencias.
La inspección también reflejó la necesidad apremiante del recurso humano, específicamente personal administrativo, como: trabajadores manuales, celadores, enfermeros, inspectores, psicólogos, trabajadores sociales, cocineros y contadores.
Por ejemplo, de los 258 centros educativos inspeccionados, solo 13 contaban con enfermero o enfermera, es decir, apenas un 5%.
El defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, indicó que se debe priorizar que todos los centros educativos, cuenten con los servicios públicos de calidad (agua potable, energía eléctrica e internet) de forma eficiente y permanente.
Además, recomendó en el informe destinar los recursos presupuestarios, para que el Viceministerio de Infraestructura del Meduca, pueda desarrollar proyectos nuevos y también brindar el mantenimiento adecuado a las estructuras existentes, principalmente las resaltadas en este informe.
En el documento también se plantea que se deben construir más aulas con capacidad para lograr la integración efectiva de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, ya sea en primera infancia como en la niñez y adolescencia, Centros de Atención Integral a la Primera Infancia, parvularios, o salones en escuelas regulares, para espacios especializados o vocacionales, de forma que se pueda cubrir la necesidad de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, sin tener que desplazarse grandes distancias para poder recibir educación.
Los centros educativos inspeccionados por la Defensoría del Pueblo este año son más que en el 2022, cuando se visitaron 114, sin embargo, los problemas son similares.
Humberto Montero, dirigente magisterial y vocero de la Asociación de Maestros Veragüenses, manifestó que ningún gobierno ha podido solucionar el problema estructural de las escuelas de país.
Añadió que se han olvidado de la verdadera función del Viceministro de Infraestructura, así como de las áreas de difícil acceso.
El papel lo aguanta todo, pero en realidad se deben tomar acciones, no solo crear planes para llevar adelante que nunca se concretan, manifestó el dirigente magisterial. Recordó que cuando salen a protestar es por situaciones como las condiciones que presentan varios centros educativos del país.
