Defensores del ambiente de Panamá volvieron a sentar al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el viernes, 18 de marzo. Por tercera vez en cinco años, organizaciones de la sociedad civil solicitaron una audiencia ante la falta de respuesta a las denuncias de daños ambientales y a la salud, a las amenazas y persecuciones personales, y a las violaciones a los derechos humanos en distintas comunidades del país.
“El Estado cortó en 2019 el canal de diálogo y las negociaciones asumidas en una audiencia celebrada en marzo de 2017, por lo que la amenaza continúa contra los defensores”, dijo Feliciano Santos, del Movimiento por la Defensa de los Territorios y Ecosistemas de Bocas del Toro (Modeteab).
El respeto a la consulta previa y al autogobierno de las comunidades indígenas, las afectaciones producidas por la nueva línea de transmisión de Etesa, las violaciones a los derechos de los Ngäbe Buglé por la hidroeléctrica Barro Blanco, la deforestación en el Parque Internacional La Amistad y la falta de protección a las personas defensoras, fueron algunos de los problemas planteados.
La audiencia fue solicitada por Modeteab, la Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD) y el Centro para el Derecho Ambiental Internacional (CIEL), en el marco del 183º período de sesiones de la CIDH. Fue presidida por Julissa Mantilla Falcón, quien estuvo acompañada por los comisionados Joel Hernández, Roberta Clarc y Carlos Bernal.
Aunque el encuentro fue de manera virtual, referentes de organizaciones de la sociedad civil llegaron desde diversos puntos del país a la sede del Centro de Estudios y Acción Social Panameño (CEASPA) en la ciudad capital, para exponer reclamos “desatendidos de manera sistemática bajo el argumento de que son secundarios al desarrollo nacional”.
Moisés Montero habló sobre los efectos del uso de agroquímicos en la plantación de Ananas Panamá, S.A. en La Chorrera. Montero es vecino a la plantación de piña en La Colorada, una barriada del distrito de Panamá Oeste donde él, su familia y vecinos están expuestos a plaguicidas altamente tóxicos que riega la empresa.
“Mi hija desde los 4 años ha sido afectada con alergias, vómitos, pérdidas de clases por eso”, dijo Montero. También contó que desde 2016 denuncia la situación ante distintas instancias del Estado, como Ministerio de Salud y Defensoría del Pueblo, pero no pasa nada.
Ilka Ábrego, de la comunidad Bribri, en la frontera con Costa Rica, habló de los invasores que avanzan sobre los recursos naturales con prácticas de ganadería contaminando aguas, talando árboles, secando quebradas y bloqueando caminos. “Queremos vivir en armonía con nuestros bosques, nuestra fauna y cuidar nuestras aguas. Nosotros cuidamos para el mundo, porque nadie puede vivir sin el oxígeno que emana de los árboles”, dijo Ilka.
“Hay 5 comunidades que quedaron aisladas porque la hidroeléctrica inundó las tierras comarcales. Quedamos presas en nuestras casas”, dijo la representante Ngäbe Buglé que solicitó una visita a su comunidad, en el corregimiento de Bagama. “Este gobierno ni siquiera se ha acercado a ver lo que pasa, lo único que le interesa es seguir con la facturación de la energía”, dijo a La Prensa tras culminar la audiencia.
El Estado dijo lo que suele decir en estas instancias, lo mismo que expuso en las dos audiencias anteriores y en el último Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, de noviembre de 2020. “El Estado continúa avanzando en la institucionalidad ambiental, en cumplimiento a las obligaciones internacionales el respeto de los mecanismos efectivos de garantía de los derechos humanos y la promoción de instancias de diálogo con los defensores ambientales”, dijo la jefa del Departamento de Derechos Humanos de la Cancillería, Ariadna Pérez. Sobre los planteos, agregó: “Rechazamos estar incumplimiento con nuestra obligación de proteger a las personas defensoras medioambientales y el respeto a otros derechos humanos como el derecho a la vida, a la propiedad, a la libertad de expresión, al acceso a la información pública, a la participación política y al acceso a la Justicia”.
Representantes de la Defensoría del Pueblo, del Órgano Judicial, de la Empresa de Transmisión Eléctrica (Etesa), los ministerios de Seguridad, Público y de Ambiente, hablaron en la misma sintonía. Para el gobierno, Panamá se ubica dentro de los más altos estándares universales en derechos humanos.
Entonces llegó la batería de preguntas por parte de los comisionados de la CIDH.
¿Reconoce efectivamente Panamá los derechos indígenas como manda el sistema Interamericano? ¿Garantizan el derecho a la consulta y la escucha a las comunidades indígenas? ¿Existe un plan marco de desarrollo energético que integre el conocimiento ecológico tradicional de esas comunidades? ¿Cuáles acciones está tomando el Estado para garantizar y asegurar que las personas defensoras del medio ambiente puedan ejercer la labor sin amenazas ni intimación, como establece el Acuerdo Escazú? ¿Existen instancias a las que puedan acudir las personas para protección en caso de que se sientan amenazadas?
Y otras. ¿Cuáles son los riesgos particulares que sufren las mujeres defensoras? ¿Qué medidas concretas tiene el Estado para proteger a las mujeres defensoras? ¿Han realizado consultas libres e informadas como lo establece el Acuerdo de Escazú? ¿Cómo se articula con los privados para garantizar los derechos humanos? ¿De qué manera el Estado de Panamá puede tomar las inquietudes planteadas en la audiencia y enriquecer sus medidas de acción?
“Estamos comprometidos con la protección de los derechos humanos de nuestros ciudadanos y agradecemos estos espacios porque son los que producen que los países avancemos en las materias que nos preocupan”, respondió Fara Urrutia, de la misión permanente de Panamá ante la OEA. Y agregó: “Panamá tiene un compromiso importante con el cambio climático porque Panamá depende de todos sus recursos naturales para avanzar, tenemos el Canal de Panamá”.
“Hay total impunidad ambiental en nuestro país cuando las autoridades, a pesar de tener constancia probatoria de que hubo incumplimiento de la ley penal ambiental, no sancionan y justifican la violación de la ley”, dijo Santos durante la audiencia. “La autoridad defiende más el poder económico que los derechos de las comunidades. No se ha cumplido el rol de la ley y el responsable es el Estado en complicidad con el poder económico”, agregó Montero.
El miedo de aparecer en los medios porque luego reciben amenazadas y son acosados con procesos judiciales, fue otro de los puntos expuestos. Las organizaciones mencionaron los casos de la periodista Ligia Arriaga, que tuvo que huir del país porque no sentía seguridad tras denunciar los negociados alrededor de la laguna de Matusagaratí, en Darién, y a los habitantes tradicionales de Pedro González, perseguidos y encarcelados por la empresa que promueve un proyecto turístico.
Lucy Córdoba, defensora y también peticionaria ante la CIDH por la vulneración de los derechos de niños y niñas, tiene 8 amenazas de muerte que no avanzan en la Justicia: “Una niña embarazada de 13 años murió el lunes asesinada, otra de 10 se suicidó ayer. Si tu lo denuncias, si denuncias y visibilizas la normalización del embarazo, las violaciones y la explotación de niñas, te conviertes en un enemigo del Estado”, dijo.
La CIDH valoró la presencia del Estado y exhortó a Panamá a establecer mecanismos para proteger a las personas defensoras del medio ambiente, prevenir su intimidación, aceptar el pedido de la sociedad civil de visitar a las comunidades afectadas y a seguir una hoja ruta de trabajo de la mano de la organizaciones. “Una niña que pierde 22 días de clases es una niña que está representando una situación de desigualdad y que va a crecer con esa situación de desigualdad”, cerró la sesión Julissa Mantilla Falcón.
(Con información de Sol Lauría)
