La pérdida de casi dos semanas de clases a nivel nacional “vulnera el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes, provocando consecuencias significativas en el aprendizaje, la equidad educativa y el bienestar de la niñez y adolescencia”.
Así lo expresó este lunes 12 de mayo la Defensoría del Pueblo, en medio del paro indefinido que mantienen varios gremios magisteriales en rechazo a la Ley 462 de 2025, que reformó la Caja de Seguro Social (CSS).
“La Institución Nacional de Derechos Humanos reconoce el derecho a la protesta; sin embargo, recuerda que los derechos de la niñez y adolescencia son prioridad absoluta. No se puede sacrificar el futuro educativo de toda una generación”, plantea la entidad en un comunicado.
Por ello, la Defensoría del Pueblo manifestó que “es imperante el retorno seguro a las aulas en todo el país”.
La institución recordó que, según datos de la Unesco, Panamá fue el país que más días de clase perdió durante la pandemia, con casi 211 días en total, además de alrededor de un mes en 2022 y aproximadamente 42 días en 2023.
“De acuerdo con Unicef, las escuelas deben ser los últimos lugares en cerrar y los primeros en abrir, ya que son espacios seguros, protectores y fundamentales para el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. Las escuelas ofrecen no solo educación, sino también apoyo psicosocial, alimentación y protección frente a múltiples riesgos que aumentan fuera del entorno escolar”, añadió la institución.
Por su parte, los gremios magisteriales mantienen su exigencia de que el presidente de la República, José Raúl Mulino, derogue la Ley 462. No obstante, el mandatario ya fue enfático en su mensaje del pasado 8 de mayo: la ley no será derogada.
El Ministerio de Educación (Meduca), en tanto, informó este lunes que ha procedido a retener el salario a los docentes que no han cumplido con sus funciones, es decir, aquellos que permanecen en huelga desde el pasado 23 de abril.
