La Defensoría del Pueblo realizó este miércoles 6 de diciembre una inspección sorpresa a las instalaciones de Minera Panamá, y en comunidades aledañas del distrito de Donoso, provincia de Colón.
Esto, tras la denuncia de la posible vulneración al derecho al libre tránsito y el derecho al trabajo, presentada ayer, martes, por un grupo de trabajadores y subcontratistas, durante una reunión en la entidad. Los denunciantes −según la Defensoría− indicaron que personas ajenas a la empresa les impiden salir de su lugar de trabajo.
Tras esto, el defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc González, junto al director de Atención al Ciudadano, Diego Almanza, y el director de Protección de Derechos Humanos, Julio De Gracia, se encuentran verificando que se cumplan “los derechos y las garantías fundamentales de los trabajadores, subcontratistas y moradores del área”, detalló la entidad en un comunicado.
En el recorrido se constató cierres de un paño en las vías de San Juanito y Ceiba, lo que impide la salida de los trabajadores de la mina. En estos momentos la Defensoría se mantiene reunido con moradores y lancheros del área.
Hay que recordar que el pasado 28 de noviembre, el pleno de la Corte Suprema de Justicia, de forma unánime, declaró inconstitucional la Ley 406 del contrato de concesión entre el Estado y la empresa Minera Panamá.
Tras conocerse de esta decisión de los magistrados, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, dijo que “todos los panameños debemos respetar y acatar las decisiones de la Corte Suprema de Justicia”.
Ayer, martes, se informó de la primera reunión interinstitucional del Ejecutivo efectuada para implementar el fallo de la Corte y la cual fue encabezada por el titular de Comercio e Industrias Jorge Rivera Staff.
