La Defensoría del Pueblo determinó que no existen elementos concluyentes que comprueben la práctica de esterilizaciones sin consentimiento por parte del personal del Ministerio de Salud (Minsa) ni de la Caja de Seguro Social (CSS) a mujeres de los pueblos originarios en la provincia de Bocas del Toro.
Lo anterior se desprende de una resolución que lleva la firma del Defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, en la que indica —luego de una investigación in situ— que no hubo vulneración de los derechos fundamentales, específicamente del Derecho a la Salud, el Derecho a la Dignidad Humana, el Derecho a la No Discriminación y el Derecho a la Petición de las mujeres de los pueblos originarios del área de Charco La Pava y comunidades indígenas adyacentes de Bocas del Toro.
El informe detalla que en los hospitales de Bocas del Toro se realizaron 146 procedimientos de salpingectomía en el año 2019; que en 2020 se efectuaron 285; y en 2021, un total de 388 procedimientos.
Con respecto a la posible situación de vulneración de derechos por casos de leishmaniasis aparecidos en la provincia, el informe de la Defensoría concluyó también que no existen suficientes elementos que indiquen que personal del Minsa se haya negado a brindar tratamiento a los pobladores afectados por la enfermedad.
La Defensoría inspeccionó los hospitales e instalaciones de salud del Minsa y de la CSS en la provincia, también entrevistó a los directores médicos, pacientes y personal de salud, sin encontrar evidencia de esterilización sin consentimiento en mujeres.
La Defensoría comenzó la investigación en febrero de 2022.
